martes, 29 de junio de 2010

La dinámica a largo plazo del gasto público español en pensiones y las posibles opciones de reforma del sistema

En la última entrada del Blog ya apuntábamos la necesidad urgente de abordar una reforma del sistema público de pensiones español. Su objetivo sería asegurar a medio y largo plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas y mandar una señal casi definitiva a los mercados financieros internacionales de que el ajuste fiscal no es meramente coyuntural. 

En la siguiente ecuación se dividen los cuatro factores que influyen en la dinámica temporal a largo plazo del gasto público en pensiones, medido por la ratio del gasto público total en pensiones (PE) sobre el PIB (GDP). Si queremos controlar a largo plazo la subida del gasto en pensiones habría que limitar al crecimiento de alguno o de varios de los cuatro factores determinantes:







En primer lugar, el gasto en pensiones depende positivamente del grado de "eligibilidad" del sistema, es decir, de la edad legal de retiro. Este factor se aproxima por la ratio de pensionistas respecto a la población de más de 65 años. En este caso, se podría controlar el gasto mediante una subida de la edad de acceso a la jubilación.

En segundo lugar, el gasto en pensiones depende positivamente del grado de "generosidad" de los beneficios del sistema, es decir, de la proporción de la pensión pública inicial respecto al salario medio. En este caso, el control del gasto en pensiones supondría una reforma legal del sistema actual que redujera la pensión inicial de los nuevos pensionistas que accedan al sistema público, vía la modificación de la base de cálculo de la pensión inicial, entre otras medidas.

Los otros dos factores no pueden ser cambiados por una reforma legal del Gobierno ya que dependen básicamente de la dinámica del mercado de trabajo y de la dinámica de la población española. Aunque es verdad, que en ambos casos el retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años tendría algún efecto control.

Por un lado, el gasto en pensiones depende negativamente de la ratio entre la población ocupada o empleada que cotiza al sistema de la seguridad social (workers) respecto a la población activa (población entre los 16 y 64 años en España).

Por otro lado, el gasto en pensiones depende positivamente de la tasa de dependencia del sistema, es decir, de la ratio de la población de más de 65 años (que puede acceder a la pensión) respecto a la población activa (población entre los 16 y 64 años en España). Esta ratio depende de las tendencias demográficas de España, incluida la emigración.

En síntesis, una reforma del sistema público de pensiones en España pasaría por tres alternativas no excluyentes (dos vía reducción del gasto y una vía aumento de los ingresos):

  1. El aumento de la edad legal de retiro más allá de los 65 años (reducción del grado de eligibilidad del sistema).
  2. La reducción de la proporción de la pensión inicial respecto al salario medio de los trabajadores (reducción del grado de generosidad del sistema).
  3. El aumento de las cuotas a la seguridad social.
Cálculos no oficiales del Gobierno de España han estimado que las medidas equivalentes para controlar a medio y largo plazo el gasto público en pensiones en % del PIB pasarían por:

  1. Un aumento de 2 años en la edad legal de jubilación, es decir, de los actuales 65 a los 67 años.
  2. Una reducción del 15% del montante inicial de la pensión respecto al salario medio de los trabajadores.
  3. Un aumento de 2 puntos porcentuales en las cuotas a la seguridad social.
Un grupo importante de países industrializados ha anunciado recientemente las reformas de su sistema público de pensiones y en la mayoría de los casos se está optando por la elevación de la edad de jubilación (Australia, República Checa, Corea, Dinamarca, Alemania, Holanda, Reino Unido, Eslovenia, Reino Unido y EE.UU.). Esta medida ya la tomaron en el pasado reciente otros países, como por ejemplo, Italia y Japón.

Pero para el caso de España aún nos quedará  una reforma importante del gasto en sanidad, el otro problema serio para asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Pero este será tema de otra próxima entrada de este Blog.

lunes, 21 de junio de 2010

Relación entre el ajuste fiscal y el aumento del gasto público relacionado con el envejecimiento de la población española, 2011-2030

Una vez diseñada la reforma del mercado de trabajo y el ajuste fiscal a corto plazo en la economía española queda la tarea más complicada: la reducción a largo plazo del gasto público estructural.

El FMI ha publicado recientemente un informe donde se detalla para los países industrializados y para los países emergentes las políticas fiscales (impositivas y de gasto público) necesarias para lograr la consolidación fiscal en las próximas décadas.

Este ajuste fiscal de carácter estructural por el lado del gasto tiene que ver básicamente con la contención de los partidas relacionadas con el envejecimiento de la población, es decir, las pensiones y la sanidad. 

En el gráfico adjunto (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) se relacionan las dos  dimensiones de los ajustes fiscales necesarios en las políticas presupuestarias a escala mundial:



a) En el eje X se mide (en % del PIB) el esfuerzo del ajuste fiscal necesario en términos de reducción del saldo primario presupuestario (sin incluir los intereses pagados por el stock de deuda pública) para llegar a una ratio objetivo  del stock de deuda pública sobre el PIB del 60% en el año 2030 para los países industrializados (y un 40% sobre el PIB para los países emergentes).

b) En el eje Y se mide el aumento previsto (en % del PIB) del gasto público relacionado con el envejecimiento de la población durante el periodo 2011-2030. En definitiva, es una estimación de la reducción de ese gasto público (o, en su caso, de un aumento equivalente de los ingresos impositivos) necesario para lograr el ajuste fiscal previsto en a).

La mejor situación fiscal para un país es situarse en la esquina inferior-izquierda del gráfico, dónde el ajuste fiscal es relativamente pequeño y el aumento previsto del gasto público relacionado con el envejecimiento de la población también es probablemente pequeño. Este es el caso, por ejemplo, de las economías  de Argentina, Bulgaria, e Indonesia (entre los países emergentes) o de Suecia y de Italia (en menor medida) entre los países industrializados.

La peor situación fiscal para una país es situarse en la esquina superior-derecha del gráfico, dónde el ajuste fiscal es relativamente grande y el aumento previsto del gasto público relacionado con el envejecimiento de la población también es probablemente muy alto. En este caso, se trata de un grupo importante de países industrializados. No obstante, el caso más dramático es el de EE.UU., ya que se sitúa en una combinación de un ajuste fiscal muy importante a corto plazo con un aumento muy considerable del gasto público relacionado con el envejecimiento de su población. España se sitúa también en este cuadrante de peor situación fiscal.

Centrémonos en el caso de la economía española. En primer lugar,  España necesita ajustar el déficit fiscal en un 9,2% sobre el PIB (sin incluir intereses de la deuda pública) adicional tras las recientes medidas aprobadas para el año 2010. En segundo lugar, España debería (para mantener el ajuste fiscal anterior) "compensar" el aumento adicional previsto de 4,3 puntos porcentuales sobre el PIB  en el gasto público relacionado con el envejecimiento de la población (pensiones y sanidad). Este gasto no sólo viene condicionado por las proyecciones demográficas, sino que también tiene mucho que ver con el grado de cobertura y la "generosidad"  de ambos sistemas de gasto social. 

Demasiada tarea le queda al Ministerio de Economía y Hacienda para después del verano.

martes, 15 de junio de 2010

Propuesta de Bill Clinton de introducir el IVA en los EE.UU.

De los muchos aspectos diferenciales del sistema fiscal estadounidense frente al europeo, tal vez el menos conocido sea la escasez relativa de impuestos sobre consumo. La mayoría de los estados y algunos gobiernos locales establecen impuestos sobre las ventas y diversos impuestos sobre el alcohol, el tabaco y los carburantes pero, en su conjunto, su recaudación impositiva es menor que el IVA en Europa.

Desde hace varios meses ha comenzado un interesante debate en la política fiscal en EE.UU.: la posible introducción de un nuevo impuesto indirecto federal tipo el IVA europeo. El objetivo no sería otro que aumentar los ingresos públicos para reducir el elevado déficit del presupuesto federal.  Esta sería una opción novedosa frente a otras alternativas de subir los impuestos directos como el IRPF (income tax) o el impuesto de sociedades (corporate tax) o, alternativamente, reducir drásticamente los gastos públicos sociales.

Algunos estudios ha estimado que por cada punto porcentual del nuevo  IVA se podría recaudar un 0,4% del producto interior bruto americano, lo que supondría aproximadamente 50.000 millones de dólares (40.550 millones de euros). De este modo, la introducción de un IVA  general con un  tipo impositivo del 10% equivaldría a una cifra equivalente a tres veces la suma de la recaudación actual de todos los impuestos de sociedades y estatales.

En una reciente entrevista televisiva el ex-Presidente de los EE.UU., Bill Clinton, se muestra partidario de la introducción del IVA. En su opinión, con esta medida de política fiscal se lograría un doble objetivo: a) un aumento de ingresos públicos y la reducción del déficit fiscal de los EE.UU.; b) y la mejora del déficit comercial de los EE.UU., ya que el IVA grava las importaciones y es reembolsado de las exportaciones. Aunque este último efecto es más que dudoso desde el punto de vista teórico, ya que la competitividad exterior de la economía depende a largo plazo de los movimientos del tipo de cambio real del dólar y no de los impuestos pagados en la frontera.

Vean en el siguiente vídeo la entrevista a Bill Clinton y juzguen sus argumentos a favor de la introducción del IVA. Y de paso, practiquen el inglés americano:

martes, 8 de junio de 2010

Otra anomalía monetaria derivada de la crisis financiera internacional: el mercado interbancario de la zona del euro no funciona

El Banco Central Europeo (BCE) utiliza como instrumento de drenaje de liquidez de las entidades de depósito de la zona del euro el instrumento conocido como facilidad de depósito. Las entidades de depósito pueden utilizar este instrumento para efectuar depósitos a un día en los bancos centrales nacionales, que se remuneran a un tipo de interés establecido con anterioridad por el BCE. En circunstancias normales, el tipo de interés de este instrumento de política monetaria representa un límite inferior para el tipo de interés de mercado a un día. Las condiciones de la facilidad de depósito son idénticas para todas las entidades de la zona del euro.

Como se puede observar en el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) el tipo de interés de la facilidad de depósito se sitúa en la actualidad en un nivel bajo del 0,25% (línea azul) y no se ha sido modificado por la autoridad monetaria europea desde la reunión del Consejo de Gobierno del BCE del 2 de abril de 2009. 


Las entidades de depósito tienen una doble opción para obtener una remuneración por su exceso de liquidez: a) utilizar la facilidad de depósito del BCE; y b) prestar a otras entidades de depósito de la zona del euro al tipo de interés del mercado interbancario (a 1 día, a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses y a 1 año). En cualquier caso, el tipo de interés del mercado interbancario de la zona del euro o EURIBOR es siempre más elevado que el tipo de interés con el que el BCE remunera a las entidades de depósito con la facilidad de depósito.

En circunstancias normales, las entidades de depósito de la zona del euro utilizan el mercado interbancario antes que la facilidad de depósito del BCE. Pero esto no es lo habitual desde el inicio de la crisis financiera internacional. El problema se ha agravado desde el aumento de las dificultades de morosidad de las entidades de depósito y las reducciones de los ratings. En síntesis, las entidades no se prestan entre sí (porque no se fían unas de otras de su solidez), el mercado interbancario europeo no funciona y, por tanto, prefieren llevar su exceso de liquidez a la facilidad de depósito del BCE, aunque pierdan un diferencial de rentabilidad.

Los últimos datos publicados el 1 de junio por el BCE revelan que las entidades de depósito situaron 316.163 millones de euros en la facilidad de depósito, la cifra más alta desde el inicio de la moneda común. En el gráfico adjunto se puede observar como esta anomalía monetaria se está dando con bastante asiduidad desde mediados de 2008. Esta anomalía refleja la falta de confianza entre las entidades de depósito. Y lo más grave es que se mantiene la actividad crediticia con las empresas no financieras y los hogares de la eurozona bajo mínimos, puesto que el flujo de financiación mayorista permanece bloqueado.


En consecuencia, y pese a que las entidades de depósito obtendrían más rentabilidad si dirigiesen esa liquidez hacia el interbancario (y en ocasiones hacia los créditos al sector privado no financiero), los bancos se decantan por una estrategia ultra-conservadora: llevar el dinero a la seguridad de las ventanillas del BCE.

miércoles, 2 de junio de 2010

La economía americana consolida su crecimiento económico impulsada por el consumo privado


La economía de los EE.UU. continúa en la senda de la recuperación acumulando tres trimestres consecutivos de crecimiento positivo interanual. Como se puede ver en el gráfico adjunto (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) el PNB en términos reales aumento en un 3,2% en el primer cuatrimestre de 2010, aunque este avance fue inferior al +5,6% registrado en el cuarto trimestre de 2009.


En el siguiente gráfico y en el cuadro adjunto aparecen desglosadas la contribuciones (en %) de cada macromagnitud  a estos 3,2 puntos porcentuales (p.p.) de crecimiento del PNB de EE.UU.



En primer lugar, la menor tasa interanual de crecimiento del PNB real del cuarto trimestre de 2010 respecto al último trimestre de 2009 se debe fundamentalmente a la desaceleración registrada en la tasa de crecimiento de la inversión en existencias (o en inventarios) de las empresas. Aún así, el cambio en el inventario de las empresas aportan al crecimiento del PIB real 1,57 p.p., cifra que representa casi la totalidad de la aportación positiva de la inversión privada (+1,67 p.p.).  Dentro de esta macromagnitud destaca la fuerte desaceleración registrada  en la inversión privada en capital fijo y en la inversión residencial (o en viviendas).

En segundo lugar, la aportación del sector exterior al crecimiento económico de los EE.UU. es negativa (-0,61 p.p.), básicamente por la fuerte desaceleración registrada por las exportaciones de bienes y servicios. Además, continúa la aportación negativa al crecimiento del PIB real del gasto público total -consumo público e inversión pública (-0,37 p.p.), básicamente por el comportamiento restrictivo del gasto de los Estados y de las entidades locales (-0,48 p.p.).

Finalmente, en el terreno opuesto se sitúa la fuerte contribución positiva (+2,55 p.p.) del consumo de los hogares, fundamentada básicamente en el aumento del consumo privado en bienes duraderos (+0,79 p.p.) y, sobre todo, por la aportación positiva del gasto en servicios (+1,15%).