martes, 5 de julio de 2011

Compromisos de gasto público futuro no financiados y solvencia fiscal a largo plazo

En la actualidad prestamos demasiada atención al proceso ajuste fiscal que la economía española ha iniciado en el horizonte del año 2013-2015 pero estamos olvidando que la solvencia de la política fiscal a largo plazo depende de las reformas que tomemos hoy para controlar el gasto público estructural en el horizonte temporal del año 2050. El no hacer nada hoy supone trasladar un importante aumento de impuestos y/o una bajada drástica del gasto público a las generaciones futuras. En última instancia no es más que un problema de equidad impositiva intergeneracional. [1]

Este ajuste fiscal de carácter estructural por el lado del gasto tiene que ver básicamente con la contención de los partidas relacionadas con el envejecimiento de la población, es decir, las pensiones y la sanidad. Este problema no es exclusivo de la economía española sino que es compartido con la mayoría de las economías avanzadas. Las reformas aprobadas recientemente en el terreno de la contención del gasto de la pensiones se muestran claramente insuficientes en la mayoría de los países y en la sanidad ni siquiera han comenzado. En una entrada reciente del Blog ya abordamos este problema para el caso de la economía española.

El problema subyacente se plantea por el hecho de que la población de las economías avanzadas continúa envejeciendo sin posibilidad de retorno y los gobiernos han "prometido" durante décadas un montante futuro de gasto público que no está en la actualidad garantizado en los presupuestos, es decir, no tiene financiación y, por lo tanto, no está contabilizado en el stock de deuda pública. Este tipo de gasto público no contabilizado en el presente se conoce en la terminología del FMI como contingent liabilities o unfunded liabilities ("pasivos contingentes" u "obligaciones no financiadas"). 

El alcance del problema al que se enfrentan los gobiernos (y las actuales y futuras generaciones) de las economías avanzadas se puede ver en el cuadro adjunto (haciendo clic en él se puede ver ampliado).















En este estudio del FMI publicado en 2009, el organismo internacional estimaba que los gobiernos del G-20 habían comprometido (de media) gasto público futuro relacionado con el envejecimiento de la población sin fondos presupuestados que podría alcanzar el 409% del PIB para el horizonte temporal del 2050, tal y como  aparece reflejado en la tercera columna del cuadro. En el caso de España llegaría nada menos que al 652% del PIB actual. El valor presente neto que aparece en el cuadro representaría la cantidad de fondos públicos necesarios que deberían provisionarse hoy (en % del PIB)  para financiar las obligaciones futuras derivadas de los  compromisos de gasto consolidados en los capítulos de pensiones y de sanidad.

La importancia relativa de este problema se puede relativizar si comparamos el gasto público adicional inducido por la actual crisis económica respecto a estas obligaciones futuras no contabilizadas en los presupuestos (última columna del cuadro). Para la media de los países del G-20 el impacto de la crisis económica de 2008 sobre los presupuestos solamente representaría el 10,8% del gasto público futuro no financiado relacionado con el envejecimiento de la población. Para el caso de la economía española esta ratio estaría muy por debajo de la media, representando un 5,9%, lo que reflejaría la mayor gravedad relativa al que nos enfrentamos en nuestro país.

En el gráfico adjunto se puede ver las proyecciones que la Oficina Presupuestaria del Congreso de los EE.UU. (CBO) ha realizado para ilustrar la gravedad del problema. Cuando se contabilizan los compromisos de gasto público relacionados con le envejecimiento de la población (alternative escenario) la CBO estima que el stock de deuda pública de EE.UU. llegaría al 420% del PIB en el año 2050 y al 950% del PIB en el 2070, siempre que no se aprueben reforma drásticas hoy en los programas federales de salud (Medicaid y Medicare) y en el sistema público de seguridad social.



















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[1] Situación en la cual las futuras generaciones tienen el derecho a una herencia adecuada que les permita un nivel de vida no menor al de la generación actual.