La dinámica a largo plazo del gasto público español en pensiones y las posibles opciones de reforma del sistema

En la última entrada del Blog ya apuntábamos la necesidad urgente de abordar una reforma del sistema público de pensiones español. Su objetivo sería asegurar a medio y largo plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas y mandar una señal casi definitiva a los mercados financieros internacionales de que el ajuste fiscal no es meramente coyuntural. 

En la siguiente ecuación se dividen los cuatro factores que influyen en la dinámica temporal a largo plazo del gasto público en pensiones, medido por la ratio del gasto público total en pensiones (PE) sobre el PIB (GDP). Si queremos controlar a largo plazo la subida del gasto en pensiones habría que limitar al crecimiento de alguno o de varios de los cuatro factores determinantes:

En primer lugar, el gasto en pensiones depende positivamente del grado de "eligibilidad" del sistema, es decir, de la edad legal de retiro. Este factor se aproxima por la ratio de pensionistas respecto a la población de más de 65 años. En este caso, se podría controlar el gasto mediante una subida de la edad de acceso a la jubilación.

En segundo lugar, el gasto en pensiones depende positivamente del grado de "generosidad" de los beneficios del sistema, es decir, de la proporción de la pensión pública inicial respecto al salario medio. En este caso, el control del gasto en pensiones supondría una reforma legal del sistema actual que redujera la pensión inicial de los nuevos pensionistas que accedan al sistema público, vía la modificación de la base de cálculo de la pensión inicial, entre otras medidas.

Los otros dos factores no pueden ser cambiados por una reforma legal del Gobierno ya que dependen básicamente de la dinámica del mercado de trabajo y de la dinámica de la población española. Aunque es verdad, que en ambos casos el retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años tendría algún efecto control.

Por un lado, el gasto en pensiones depende negativamente de la ratio entre la población ocupada o empleada que cotiza al sistema de la seguridad social (workers) respecto a la población activa (población entre los 16 y 64 años en España).

Por otro lado, el gasto en pensiones depende positivamente de la tasa de dependencia del sistema, es decir, de la ratio de la población de más de 65 años (que puede acceder a la pensión) respecto a la población activa (población entre los 16 y 64 años en España). Esta ratio depende de las tendencias demográficas de España, incluida la emigración.

En síntesis, una reforma del sistema público de pensiones en España pasaría por tres alternativas no excluyentes (dos vía reducción del gasto y una vía aumento de los ingresos):

1. El aumento de la edad legal de retiro más allá de los 65 años (reducción del grado de eligibilidad del sistema).
2. La reducción de la proporción de la pensión inicial respecto al salario medio de los trabajadores (reducción del grado de generosidad del sistema).
3. El aumento de las cuotas a la seguridad social.

Cálculos no oficiales del Gobierno de España han estimado que las medidas equivalentes para controlar a medio y largo plazo el gasto público en pensiones en % del PIB pasarían por:

1. Un aumento de 2 años en la edad legal de jubilación, es decir, de los actuales 65 a los 67 años.
2. Una reducción del 15% del montante inicial de la pensión respecto al salario medio de los trabajadores.
3. Un aumento de 2 puntos porcentuales en las cuotas a la seguridad social.

Un grupo importante de países industrializados ha anunciado recientemente las reformas de su sistema público de pensiones y en la mayoría de los casos se está optando por la elevación de la edad de jubilación (Australia, República Checa, Corea, Dinamarca, Alemania, Holanda, Reino Unido, Eslovenia, Reino Unido y EE.UU.). Esta medida ya la tomaron en el pasado reciente otros países, como por ejemplo, Italia y Japón.

Pero para el caso de España aún nos quedará  una reforma importante del gasto en sanidad, el otro problema serio para asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Pero este será tema de otra próxima entrada de este Blog.