Durante los años 1995-2007 la economía española experimentó una etapa expansión económica sin precedentes desde la democracia (con una tasa medial anual acumulativa de crecimiento del 3,5%). Esta etapa de crecimiento se basó en dos pilares.
Por un lado, la incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria en 1994 propició una caída de los tipos de interés nominales, que se acentuó a partir de la instauración del euro como moneda oficial en sustitución de la peseta. La caída de los tipos de interés y la ausencia de riesgo de tipo de cambio dentro de la zona euro llegó a provocar la existencia de tipos de interés reales negativos y alentó un aumento de la confianza de los inversores y un fuerte aumento del crédito, que conllevó el aumento de la demanda de viviendas y de bienes de consumo duradero y posteriormente el aumento de la inversión en capital fijo y el empleo de las empresas favorecidos por esa mayor demanda. Por otro lado, la expansión económica se vio favorecida por la llegada masiva (sin control) de inmigrantes, fundamentalmente a partir del año 2002, atraídos por una creciente demanda de empleo en el sector de la construcción y de algunos servicios básicos de bajo valor añadido como la hostelería y el servicio doméstico. Este aluvión de inmigrantes provocó un nuevo impulso al consumo privado y a la inversión en capital fijo, y a la vez impidió el estrangulamiento de la economía por falta de mano de obra en determinados sectores productivos.
Pero al mismo tiempo que se impulsaba el crecimiento y el empleo (ejemplo en Europa), la economía española generó un conjunto de desequilibrios macroeconómicos importantes: déficit creciente y persistente de la balanza por cuenta corriente, insuficiencia de ahorro y dependencia de la financiación exterior, exceso de inversión en capital fijo (tanto en infraestructuras públicas como en vivienda), sobreendeudamiento de familias, empresas financieras y sistema bancario (con el exterior), dependencia de la producción y el empleo de los sectores ligados al "ladrillo", y aumento de los precios y salarios (pérdida de competitividad exterior) por encima de nuestros socios europeos y del resto de países industrializados.
La crisis financiera internacional de 2007 que desencadenó la crisis económica global no hizo más que sacar a la luz nuestros desequilibrios y nos despertó de un sueño de crecimiento (y casi pleno empleo) que ya tenía fecha de caducidad cuando nació. Los bajos niveles de los tipos de interés nominales y reales y el exceso de crédito inmobiliario e hipotecario generaron una enorme burbuja, que provocó aumentos del precio de las viviendas durante este periodo de más de un 30% en términos reales (descontada la inflación). Además, la caída de los ingresos públicos y la acumulación de gastos públicos estructurales (servicios públicos que ya no se podían financiar y una estructura administrativa duplicada y despilfarradora, cuando no corrupta) y coyunturales (aumento de las prestaciones por desempleo y de los intereses de la deuda), ha terminado generando un déficit público y un endeudamiento de las AA.PP. insostenible.
A título de ejemplo, en el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) se muestra la pérdida de competitividad relativa acumulada por la economía española con Francia y Alemania en el periodo 1999-2007.
Los costes laborales de una economía se suelen medir en términos de unidad de producto, es decir, mediante la variable conocida como el coste laboral unitario nominal, CLUN, la cual se aproxima mediante el cociente entre la remuneración media por asalariado, W, y la productividad aparente del factor trabajo, PROD. A su vez la productividad aparente del factor trabajo se calcula por el cociente entre la producción en términos reales y el empleo total de la economía. De este modo, los posibles aumentos (caídas) temporales de los CLUN serán el resultado del aumento (disminución) de la retribución por asalariado y de una caída (aumento) de la productividad, o de una combinación de ambos factores, CLUN = W-PROD.
Como se puede observar en el gráfico, mientras que el periodo 1999-2007 en España subían los CLUN un 31%, en Francia aumentaban un 18% y en Alemania se mantenían constantes. Este proceso de pérdida de competitividad era el resultado de un aumento excesivo de los salarios que no era ni de lejos compensados con la baja productividad de nuestra economía. En el extremo opuesto se situaba Alemania, que registraba una moderación salarial que encima era compensada con una mayor productividad del trabajo.
Antes del ingreso en la Unión Económica y Monetaria, las devaluaciones competitivas (o externas) de la peseta fueron un factor determinante para impulsar la salida de la economía española de las crisis económicas. Sin duda, este ajuste nominal permitía recuperar la competitividad exterior y, en última instancia impulsar la actividad económica a través de la demanda externa.
Pero una vez abandonada la moneda nacional con el euro y con la cesión de la política monetaria al Banco Central Europeo, la estrategia de recuperación de la competitividad con el exterior y la reactivación económica pasa por un proceso de devaluación interna (o desinflación competitiva), basada en dos pilares: a) la búsqueda de un equilibrio presupuestario mediante un proceso de ajuste o consolidación fiscal; y b) el cambio de las pautas de comportamiento de los agentes económicos en la determinación de precios y salarios, que debería vincularse a la productividad real. Ello permitiría la moderación de la inflación, facilitando un proceso de desinflación competitiva.
Pero a la vista de lo acontecido desde 2011, la devaluación interna de la economía española navega con el rumbo equivocado.
Por un lado, la composición del ajuste fiscal de la economía española camina por la senda inadecuada, tal y como tuvimos de explicar en una
entrada reciente del Blog. En primer lugar, el ajuste fiscal no se basa en una caída del gasto público, sino que su diseño es un combinación entre recortes de gasto público y subida de impuestos. En segundo lugar, los recortes de gasto público no se centran en el gasto corriente, sino que gran parte del recorte se ha basado en la bajada de la inversión pública, siguiendo la tendencia del último Gobierno socialista. Por último, el ajuste fiscal no está acompañado de una política de reformas estructurales que incidan en el incentivo de la oferta agregada, la liberalización del mercado de trabajo y la moderación de salarios. En este caso, las medidas que incidan por el lado de la oferta son escasas o tímidas, la liberalización del mercado de trabajo es incompleta y, por el momento, sólo se ha impulsado de manera exógena la moderación salarial en los empleados públicos, mientras que los salarios del sector privado han seguido creciendo o reduciéndose moderadamente (el ajuste ha sido el empleo). Además, los acuerdos de moderación salarial entre los agentes sociales, y entre estos y el Gobierno brillan por su ausencia.
Por otro lado, aunque en el últimos años los crecimientos en los salarios se han ido moderando e incluso se han reducido en 2012, esta reducción global del último año esconde dos mecanismos perversos, tal y como se puede ver en los siguientes gráficos.
En primer lugar, la tasa salarial firmada en los convenios colectivos ha aumentado en 2012 un 1,3%, cuando la tasa de paro ya roza el 27%.
En segundo lugar, y quizás más grave, aunque el coste laboral por hora trabajada en 2012 se ha reducido un 3,1 % (4º trimestre de 2012 sobre 4ª trimestre de 2011), esta bajada esconde un escandaloso comportamiento "dual":
- Mientras que el peso de la caída de los salarios los soportan los empleados públicos y los empleados afines (empleados de sectores "concertados"): sector de administración pública y defensa y seguridad social obligatoria (-15,9% de caída de salarios); sector de actividades sanitarias y de servicios sociales (-10,4% de caída de salarios).
- La subida salarial en los sectores (mal) regulados o (ineficientemente) subvencionados es provocadora y estridente: sector subvencionado de las industrias extractivas o mineras (+10% de subida de salarios); sector regulado de suministro de energía eléctrica y gas (+9,4% de subida de salarios).
Durante el año 2010 se puso de moda entre algunos académicos y comentaristas económicos la defensa del llamado efecto demostración de los salarios públicos sobre los salarios privados. En síntesis, se afirmaba que la reducción de los salarios públicos tendría un efecto demostración sobre la negociación salarial privada, reduciendo significativamente los incrementos salariales acordados y, por tanto, impulsando el empleo y la actividad económica. Parece que se equivocaron y el efecto demostración está siendo insignificante.
