En esta entrada del Blog se analiza la estructura salarial española a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes al año 2024. A través del examen de los principales indicadores de tendencia central y de dispersion, se identifican brechas persistentes por genero, nacionalidad, categoría ocupacional y territorio, y se argumenta que dichas brechas responden a mecanismos estructurales de segmentación del mercado de trabajo que no pueden resolverse mediante la lógica de mercado sin intervención institucional activa, que por el momento es claramente insuficiente. También se realiza un análisis de las pensiones españolas para el año 2024.
En el cuadro adjunto (hacer clic para verlo más grande) aparece la escala de mayor a menor de las remuneraciones (salarios y pensiones) en la economía española a finales de 2024. Para los salarios se ha utilizado los últimos datos publicados por el INE en su Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) 2024 (publicada el 28 de mayo de 2026). Los datos para 2024 de las pensiones han sido extraídos de Estadísticas, Presupuestos y Estudios, enero 2025, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (publicados el 10 de Junio de 2026). Aunque existen datos más recientes de las pensiones hemos utilizado los de 2024 a efectos de una comparación homogénea con los salarios.
Las cifras del cuadro no son una colección aleatoria de datos: revelan hechos estilizados que se reproducen año tras año y que apuntan a mecanismos estructurales, no a anomalías coyunturales.
El país de los mil euros
Hay un número que lo resume todo. En España, el salario más frecuente —el que más trabajadores cobran en realidad, no el que aparece en los titulares— es 1.180 euros brutos al mes. Ese dato, publicado por el INE en su Encuesta de Estructura Salarial de 2024, es la fotografía más honesta de un mercado de trabajo que lleva décadas presentándose con una cara que no es la suya.
Cuando los medios y los políticos hablan del salario “medio”, hablan de 2.110 euros. Una cifra que suena razonable, incluso esperanzadora, hasta que entiendes cómo funciona la estadística: los altos sueldos de los sectores oligopolísticos regulados (suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado), de actividades financieras y de seguros, información y comunicaciones y de las industrias extractivas, elevan la media aritmética muy por encima de lo que cobra la mayoría. El salario mediano -el que divide exactamente a la mitad a toda la población asalariada- es 1.749 euros. Y el más frecuente, insisto, 1.180.
Esa distancia de 930 euros entre la media y lo más frecuente no es un tecnicismo matemático. Es la huella cuantificable de una economía profundamente desigual.
La pirámide del privilegio
Los datos son brutalmente elocuentes cuando se ordenan de arriba a abajo. Los directores y gerentes se llevan 4.561 euros de media. Los trabajadores no cualificados en servicios, 1.147 euros. Una ratio de casi 4 a 1 que no es fruto del azar, sino de décadas de segmentación del mercado laboral: un núcleo de empleos estables y bien pagados, y una periferia de empleos precarios en la que el Salario Mínimo Interprofesional no funciona como suelo de protección, sino como techo salarial efectivo de sectores enteros.
La segmentación sectorial es igual de llamativa. El sector energético paga de media 4.137 euros. La hostelería, 1.260 euros. Tres veces y media menos. Y no porque los camareros trabajen menos o sean menos necesarios: la hostelería, que sostiene el modelo turístico sobre el que descansa buena parte de nuestra economía. Es un sector que más dinero genera para el país y el que peor paga a quienes lo hacen posible.
Esta no es una anomalía del mercado. Es su resultado lógico cuando no existe poder de negociación real: mucha oferta de trabajadores, poca organización sindical, alta rotación y escasas alternativas. El modelo productivo español ha apostado históricamente por la devaluación salarial como ventaja competitiva, en lugar de apostar por la productividad, la innovación y el valor añadido. Llevan décadas aplicándolo. Estos son los resultados.
La brecha de género: un robo que no termina en la jubilación
Los hombres cobran de media 2.289 euros. Las mujeres, 1.921 euros. Una diferencia de 368 euros al mes, más de 5.000 euros al año, un 16,1% menos por el mismo tipo de trabajo, en el mismo mercado laboral, en el mismo país.
Cuando alguien dice que esto se debe a que las mujeres “eligen” sectores peor pagados o tienen más interrupciones laborales por maternidad, en realidad está describiendo el problema, no explicándolo. ¿Por qué los sectores feminizados pagan menos? ¿Por qué la maternidad penaliza económicamente a las mujeres mientras la paternidad apenas afecta los salarios masculinos? ¿Por qué los cuidados, históricamente realizados por mujeres, no cuentan como trabajo productivo a efectos retributivos?
La brecha no termina cuando te jubilas. La pensión media de las mujeres es 1.348 euros. La de los hombres, 1.869 euros. 521 euros menos al mes. No como excepción estadística. Como norma.
El sistema de pensiones contributivas no corrige las desigualdades del mercado de trabajo: las recibe, las institucionaliza y las proyecta sobre la vejez con una fidelidad casi matemática. Toda una vida de salarios más bajos, carreras más interrumpidas y más años trabajando a tiempo parcial se traduce, al final, en una vejez más pobre. Es la misma brecha, con distinto nombre.
Trabajar más, cobrar menos: la penalización del origen
Los trabajadores con nacionalidad española cobran de media 2.155 euros. Los procedentes de América Latina, 1.421 euros. Una diferencia del 34,2% que no se explica por menor cualificación ni menor esfuerzo.
Una parte importante de esta brecha opera a través de la inserción forzada en los sectores con peores condiciones: muchos trabajadores inmigrantes, independientemente de su formación real, acceden al mercado laboral español por la vía de los empleos que nadie más quiere, y encuentran después barreras estructurales —administrativas, lingüísticas, de redes— para moverse hacia segmentos mejor pagados.
Es incómodo decirlo con claridad, pero la economía española se sostiene en parte sobre esta mano de obra sistemáticamente infravalorada. El turismo, la agricultura de exportación, la limpieza, la hostelería. La gratitud que les dispensamos es retórica. La retribución que reciben, estructuralmente insuficiente.
Las pensiones: donde todo se hereda, incluso la precariedad
El sistema público de pensiones español funciona así: cobras en función de lo que has cotizado durante tu vida laboral. Esto tiene una consecuencia distributiva que raramente se menciona en el debate público: quien ha cobrado poco toda su vida, cobra poco también cuando se jubila. El sistema no corrige las desigualdades del mercado de trabajo. Las recibe, las institucionaliza y las proyecta sobre la vejez con una fidelidad casi matemática.
Los números lo confirman. La pensión máxima de jubilación es 3.175 euros -más alta que el salario medio del país-. La pensión media del régimen general es 1.658 euros. Y la de Extremadura, la comunidad con los salarios más bajos, apenas llega a 1.376 euros. Entre la pensión más alta por comunidad -País Vasco, 2.064 euros- y la más baja -Extremadura, 1.376 euros- hay una brecha del 49,9%. La geografía de la desigualdad salarial se replica con total coherencia en la geografía de la desigualdad en la vejez.
Pero si hay una brecha que merece detenerse, es la de género. Los hombres cobran de media 1.869 euros de pensión. Las mujeres, 1.348 euros. Una diferencia de 521 euros al mes -más de 7.000 euros al año- que no es una anomalía estadística sino el resultado previsible y calculable de toda una vida de desigualdad acumulada. La mujer que cobró menos durante su carrera laboral, que interrumpió su trayectoria por maternidad, que trabajó a tiempo parcial durante años para conciliar, que cotizó sobre bases más bajas durante más tiempo: esa mujer llega a la jubilación y descubre que el sistema ha guardado memoria de todo. No para compensarla. Para perpetuarlo.
Esta brecha del 27,9% entre la pensión media de hombres y mujeres es, además, más amplia que la propia brecha salarial del 16,1% entre activos. Es decir: la desigualdad no solo se mantiene en la vejez, sino que se amplía. Cada año de cotización perdido por un permiso de maternidad no remunerado, cada mes trabajado a jornada parcial, cada sector feminizado que cotizó por debajo de la media: todo ello se acumula en silencio durante décadas y estalla en el momento de la jubilación en forma de pensión insuficiente. Y eso, en un país donde las mujeres mayores viven solas en una proporción muy superior a los hombres —por razones de esperanza de vida diferencial—, tiene consecuencias directas sobre su capacidad de cubrir necesidades básicas sin depender del apoyo familiar o de los servicios sociales.
Las reformas que han ido ampliando el período de cómputo para calcular la pensión -de 15 a 25 años con la reforma de 2011- agravaron este problema: al promediar más años, se incorporan los períodos de desempleo, de trabajo parcial y de bajos salarios, que afectan de manera desproporcionada a mujeres, inmigrantes y trabajadores con trayectorias precarias. La reforma de 2023 intentó corregirlo parcialmente con un sistema dual: a partir de 2026, se aplicará el período más beneficioso entre los 25 años actuales o los 29 últimos años descartando los 2 peores, lo que beneficiará especialmente a quienes tienen carreras irregulares. También introdujo un complemento específico por brecha de género -unos 33 euros mensuales en 2024, con incrementos del 10% adicional en 2024 y 2025- y amplió la cobertura de lagunas de cotización para mujeres hasta cinco años con el 100% de la base mínima. Son pasos en la dirección correcta, pero insuficientes: 33 euros al mes no compensan 521 euros de diferencia en la pensión media entre hombres y mujeres.
Los bajos salarios generan bajas cotizaciones. Las bajas cotizaciones generan bajas pensiones. Las bajas pensiones reproducen en la vejez la precariedad que el mercado impuso en la edad activa. Es un círculo vicioso que se refuerza a sí mismo, y que castiga con especial dureza a quienes más tiempo dedicaron al cuidado de otros sin que el sistema contara ese tiempo como trabajo.
Corregirlo requiere decisiones más ambiciosas que las tomadas hasta ahora: cotizaciones ficticias por períodos de cuidado, complementos que compensen de verdad la brecha de género en las pensiones -no 33 euros, sino una corrección proporcional a la desigualdad acumulada-, prestaciones mínimas suficientes para quienes tuvieron trayectorias discontinuas, y una fiscalidad progresiva sobre pensiones altas que financie la mejora de las bajas. Sin esas correcciones, el sistema de pensiones seguirá siendo lo que es: un mecanismo que perpetúa la desigualdad. No su antídoto.
¿Cuánto se puede vivir con 1.180 euros?
Hagamos las cuentas. El salario más frecuente en España son 1.180 euros brutos, que en neto se quedan en unos 990-1.020 euros para un trabajador sin cargas familiares. Una habitación en alquiler en cualquier ciudad mediana del país cuesta de media en 2025 425 euros al mes según Idealista, cifra que en Madrid sube a 575 euros y en Barcelona supera los 600. Transporte, alimentación y suministros se llevan otros 300-400 euros.
Resultado: un margen de entre cero y 250 euros para todo lo demás. Para ropa, para el médico, para algún ocio, para ahorrar, para cualquier imprevisto. Con ese margen no se ahorra para una entrada de piso en un mercado donde el precio de la vivienda subió un 12,7% solo en 2025 -su mayor alza en 18 años según el INE- y acumula ya 12 años consecutivos de subidas. No se tienen hijos sin que suponga un salto al vacío. No se enferma con tranquilidad. No se planifica nada más allá del mes siguiente.
Y esto, conviene subrayarlo, no describe a los trabajadores más vulnerables del sistema. Describe a la mayoría estadística de los asalariados españoles. La precariedad en España no es la excepción. Es la "norma modal".
Lo que los números no pueden contar
Hay algo que estas cifras no capturan: la angustia. El trabajador de 58 años con contrato temporal en hostelería que sabe que su pensión será miserable. La mujer de 45 que cobra 400 euros menos que su colega con el mismo puesto y lleva años sin poder demostrarlo formalmente. El joven universitario de 28 que trabaja a tiempo parcial no por elección sino por ausencia de alternativas, y vive en casa de sus padres no por comodidad sino por imposibilidad económica de emanciparse. La estadística deshumaniza por necesidad.
Conclusión: es hora de hacer reformas serias
Los datos analizados dibujan una estructura salarial española que combina un núcleo reducido de trabajadores bien remunerados con una amplia base de asalariados próximos al umbral del salario mínimo. Las brechas documentadas por género, por nacionalidad, por categoría ocupacional y por territorio no son accidentes del mercado ni resultados inevitables de la globalización. Responden a decisiones históricas y cotidianas sobre qué trabajo se valora, quién tiene derecho a negociar y qué sectores se protegen con políticas públicas y cuáles se abandonan a su suerte.
Detrás de cada cifra hay una persona que merece algo mejor. Los datos lo demuestran y el sentido común lo confirma. Toca pedir en voz alta lo que debería ser evidente. Estas son las reformas que no pueden seguir esperando:
Transparencia salarial real. La directiva europea de transparencia salarial, aprobada en 2023, obliga a los Estados miembros a transponerla antes de 2026. España debe hacerlo con ambición y no con mínimos: que las empresas publiquen las bandas salariales por categoría y sexo, que los trabajadores tengan derecho a conocer lo que cobran sus compañeros con funciones equivalentes, y que las sanciones por incumplimiento sean disuasorias. Sin información no hay negociación posible, y sin negociación la brecha salarial de género seguirá siendo invisible para quienes la sufren.
Negociación colectiva fuerte en todos los sectores. La cobertura de la negociación colectiva en España es formalmente alta, pero su calidad es muy desigual. Los sectores peor pagados —hostelería, limpieza, cuidados, agricultura— son precisamente aquellos donde los convenios son más débiles, la representación sindical más escasa y la rotación laboral más alta. Extender la negociación colectiva sectorial con convenios de mayor cobertura y mecanismos de extensión automática a empresas no firmantes es la herramienta más eficaz para comprimir la dispersión salarial desde abajo.
Un SMI que no sea el techo sino el suelo. El Salario Mínimo Interprofesional ha crecido significativamente en los últimos años, pero en demasiados sectores sigue funcionando como referencia de facto para fijar salarios, no como límite inferior. El objetivo del 60% del salario medio —recomendado por la Carta Social Europea— debe mantenerse como suelo, no como destino. Y su actualización debe desvincularse del ciclo político para convertirse en un mecanismo automático ligado a la evolución de la productividad y los precios.
Reformar las pensiones desde la equidad, no solo desde la sostenibilidad. El sistema contributivo premia a quien más ha cotizado y más ha cobrado. Eso es exactamente lo contrario de lo que necesitan quienes llegaron a la jubilación con trayectorias interrumpidas, sectores precarios o años de trabajo no remunerado de cuidados. Las cotizaciones ficticias por períodos de maternidad, paternidad y cuidado de dependientes deben ampliarse y equipararse a bases de cotización reales, no mínimas. El complemento por brecha de género debe crecer en proporción a la desigualdad que corrige, no en los 33 euros actuales que apenas rozan el problema. Y las pensiones mínimas deben garantizar que nadie que haya cotizado durante décadas termine su vida por debajo del umbral de pobreza.
Un modelo productivo que no dependa de pagar poco. Esta es la reforma más difícil y la más urgente. España tiene una productividad por hora trabajada inferior a la media europea, no porque sus trabajadores trabajen menos, sino porque su economía está especializada en sectores de bajo valor añadido que compiten fundamentalmente en precio. Revertir eso exige inversión pública en I+D, políticas industriales activas que diversifiquen la estructura productiva más allá del turismo y la construcción, y incentivos reales para que las empresas suban salarios como parte de su estrategia de retención y productividad, en lugar de recurrir sistemáticamente a la devaluación salarial interna.
Ninguna de estas propuestas es utópica. Todas tienen precedentes en países de nuestro entorno con economías más igualitarias y más competitivas al mismo tiempo. La evidencia comparada demuestra que los países con mayor cobertura de negociación colectiva, mayor transparencia salarial y sistemas de pensiones más redistributivos no son menos eficientes económicamente: son más resilientes, tienen mayor cohesión social y generan menos coste sanitario, educativo y asistencial derivado de la pobreza y la precariedad. Los países nórdicos son el ejemplo más documentado de esta compatibilidad entre igualdad y competitividad (Andersen et al., 2007), pero no el único: el análisis comparado de la OCDE sobre treinta países concluye que una mayor cobertura de negociación colectiva se asocia sistemáticamente a menor desigualdad salarial sin penalización del empleo ni de la productividad (OCDE, 2019). Y la evidencia macroeconómica es aún más contundente: la propia OCDE ha documentado que la desigualdad elevada reduce el crecimiento económico a largo plazo, de modo que corregirla no es un coste para la economía sino una condición para su sostenibilidad (OCDE, 2015).
El Gobierno ha aprendido en 8 años a gestionar el relato de la desigualdad mejor que la desigualdad misma. Sube el SMI, revaloriza las pensiones con el IPC, anuncia compromisos de transparencia salarial y presenta cada décima de reducción de la brecha de género como un logro histórico. Mientras tanto, el salario más frecuente sigue siendo 1.180 euros (bruto), la pensión media de las mujeres sigue siendo 521 euros inferior a la de los hombres, y los sectores peor pagados del país siguen siendo exactamente los mismos que hace una década. Gobernar la estadística no es lo mismo que cambiar la realidad que mide.
Y para terminar, y parafraseando a Bill Clinton en la campaña presidencial de EE.UU. de 1992, y a quién corresponda:
¡Es el salario más frecuente, no el salario medio, estúpido!
-------------------
Referencias
- Andersen, T. M. et al. (2007). The Nordic Model: Embracing Globalization and Sharing Risks. ETLA.
- OCDE (2015). In It Together: Why Less Inequality Benefits All. OECD Publishing.
- OCDE (2019). Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work. OECD Publishing.
_____________
Como citar esta entrada del Blog:
Vicente Esteve, "Lo que los datos salariales de 2024 revelan sobre la economía española cuando nadie te los explica bien", Universidad de Valencia", Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 13/6/2026,
https://vicenteesteve.blogspot.com/2026/06/lo-que-los-datos-salariales-de-2024.html
.png)
.png)
.png)
.png)
