La caída reciente de la tasa de participación laboral en EE.UU.: ¿Es en su mayor parte una ilusión demográfica?

Para comprender la salud del mercado de trabajo más allá de la cifra titular de desempleo, es imprescindible analizar la tasa de participación laboral (o labor force participation rate). A menudo escuchamos hablar indistintamente de "tasa de actividad" y "tasa de participación", y aunque en la práctica habitual se utilizan como sinónimos, existen matices conceptuales e institucionales importantes según la métrica o el organismo internacional que estemos consultando.

1. Tasa de actividad vs. Tasa de participación laboral: ¿Son lo mismo?

En esencia, ambos indicadores buscan responder a la misma pregunta: ¿qué porcentaje de la población en edad de trabajar está realmente involucrada en el mercado laboral (ya sea trabajando o buscando empleo de forma activa)?

Sin embargo, los matices surgen principalmente en el denominador utilizado (la definición de "población de referencia") y en la delimitación de la edad:

• Tasa de participación laboral (término de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE.UU.): mide la proporción de la población civil no institucionalizada (Civilian Noninstitutional Population) que forma parte de la fuerza laboral. Pone el foco en la decisión individual de participar o no en la economía productiva.

• Tasa de actividad (término tradicional en la UE y OCDE): Suele acotar de forma más estricta la población en edad de trabajar a un rango específico (habitualmente de 15 a 64 años), diferenciándola de la población total o de la población mayor de 65 años.

2. ¿Cómo se calcula según el BLS (Bureau of Labor Statistics de EE.UU.)?

El BLS es la fuente oficial que publica mensualmente los datos de empleo en Estados Unidos a través de la encuesta de población (Current Population Survey).

El BLS define la Tasa de Participación Laboral (Labor Force Participation Rate, LFPR) mediante la siguiente fórmula: 

Tasa de Participación (FFPR) = (Fuerza Laboral Civil/Población Civil No Institucionalizada) X 100

Al calcular esta tasa, el gobierno de EE. UU. aplica las siguientes particularidades:

• Fuerza Laboral Civil (Civilian Labor Force): Es la suma de la población empleada más la población desempleada (personas sin empleo pero que han buscado trabajo activamente en las últimas 4 semanas y están disponibles para trabajar).

• Población Civil No Institucionalizada (Civilian Noninstitutional Population): Incluye a todas las personas de 16 años o más que residen en los 50 estados y el Distrito de Columbia, excluyendo: i) Personal militar en activo; ii) Personas ingresadas en instituciones (prisiones, hospitales psiquiátricos, residencias de ancianos a largo plazo).

• Matiz clave del BLS: A diferencia de otros países, el denominador del BLS no tiene un límite superior de edad. Incluye a todas las personas desde los 16 años en adelante (16, 65, 80 o más años). Por tanto, en una sociedad envejecida como la estadounidense, el aumento del número de jubilados presiona mecánicamente a la baja la tasa de participación general del BLS, aunque el empleo entre los adultos en edad central no cambie.

• Búsqueda activa: Para que una persona desempleada sea considerada parte de la fuerza laboral (activa), el BLS exige que haya buscado trabajo activamente en las últimas 4 semanas. Si no lo ha hecho, se le clasifica como fuera de la fuerza laboral (not in the labor force).

3. ¿Cómo la calcula la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)?

Para permitir comparaciones internacionales homogéneas entre países con estructuras demográficas y sistemas educativos muy dispares, la OCDE estandariza la Tasa de Actividad (Labor Force Participation Rate / Activity Rate).

La fórmula conceptual es idéntica, pero la delimitación del grupo poblacional cambia:

Tasa de Actividad (AR) = (fuerza laboral de 15-64 años/población total de 15-64 años) X 100

Matices clave de la metodología OCDE:

• Límite de edad (15–64 años): La OCDE estandariza habitualmente el denominador para la población entre 15 y 64 años (denominada working-age population o edad de trabajar primaria). Esto elimina el "efecto envejecimiento/jubilación" que distorsiona la métrica del BLS.

• Edad de entrada: Comienza a los 15 años (siguiendo las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, OIT), mientras que el BLS estadounidense fija el corte en los 16 años.

4. Evolución histórica: del auge del siglo XX al cambio de tendencia en 2001

El siguiente gráfico (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) de la tasa de participación laboral del BLS (1948–2026) muestra una trayectoria en forma de "gran parábola", marcada por dos fases históricas radicalmente opuestas: un crecimiento expansivo durante la segunda mitad del siglo XX y un declive estructural sostenido a partir del año 2001.

Fase 1: El gran ascenso (1965–2000)

Entre mediados de los años 60 y el año 2000, la tasa de participación laboral en EE.UU. experimentó un salto vertical inédito, pasando de niveles cercanos al 58%–59% hasta alcanzar un máximo histórico del 67,3% en el año 2000. Esta expansión masiva respondió a la confluencia de dos motores fundamentales:

1. La incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo: El cambio social, cultural y legislativo posterior a la Segunda Guerra Mundial propició una transformación radical. La tasa de participación femenina se disparó desde apenas un 33% en los años 50 hasta superar el 60% a finales de los 90, convirtiéndose en el principal catalizador del crecimiento económico estadounidense de la época.

2. La entrada de la generación del Baby Boom: La nutrida cohorte nacida entre 1946 y 1964 comenzó a incorporarse activamente al mercado laboral entre finales de los años 60 y los 80. La entrada en edad madura productiva (prime age) de esta inmensa masa de población empujó de forma constante el indicador hacia arriba.

Fase 2: El cambio de paradigma y el descenso estructural (2001–Presente)

A partir de 2001, la tendencia histórica se invierte drásticamente. La línea roja discontinua del gráfico ilustra con claridad esa senda descendente de largo plazo, que ha llevado la tasa de participación desde el pico del 67,3% hasta cotizar en el entorno del 62,0% – 62,5%.

Las causas de este descenso secular posterior al año 2001 son de carácter demográfico, económico y social:

A. El factor demográfico: El envejecimiento del Baby Boom

El motor que impulsó el indicador en el siglo XX es el mismo que lo arrastra a la baja en el siglo XXI. A partir de 2008, los primeros miembros de la generación del Baby Boom alcanzaron los 62 años (edad de jubilación anticipada en EE.UU.). Como la métrica del BLS no limita el denominador a los 64 años, la salida masiva de millones de trabajadores hacia la jubilación genera una presión a la baja constante y mecánica sobre la tasa general.

B. Factores económicos y ciclos de crisis

• La Gran Recesión de 2008: Provocó una caída severa de la que la fuerza laboral tardó casi una década en dar signos de estabilización. Muchos desempleados de larga duración pasaron a ser "trabajadores desanimados" y abandonaron definitivamente la búsqueda activa de empleo.

• El shock pandémico de 2020: La crisis del COVID-19 causó el desplome más rápido y profundo del registro histórico (caída fulminante por debajo del 60%). Aunque se produjo una recuperación parcial rápida, aceleró el fenómeno de la "Gran Dimisión" y propició olas de jubilaciones anticipadas que impidieron retornar a los niveles previos a 2020.

C. Factores estructurales e institucionales

• Menor participación de los jóvenes: La tasa de actividad de la población entre 16 y 24 años ha caído sistemáticamente debido a una mayor permanencia en el sistema educativo y a la postergación de la entrada al mercado laboral.

• Estancamiento en la participación masculina y estancamiento femenino: La tasa de participación de los hombres con menores niveles educativos ha sufrido un deterioro constante debido a la automatización y la deslocalización industrial, mientras que la participación femenina alcanzó su techo en torno al año 2000 y se ha estabilizado.

• Problemas de salud pública e incapacidad: El aumento de reclamaciones por incapacidad laboral y fenómenos de salud pública (como la crisis de los opioides en diversas regiones de EE.UU.) retiraron a cientos de miles de adultos en edad central (prime age) del mercado de trabajo.

5. Aislando el efecto demográfico: la Tasa de Participación Prime-Age (25–54 años)

Para comprobar si la caída del indicador general responde a un problema de debilidad estructural del mercado laboral o a un mero cambio demográfico, debemos recurrir a un segundo gráfico, que muestra la Tasa de Participación del grupo de 25 a 54 años (Labor Force Participation Rate - 25-54 Yrs.).

Este tramo de edad aisla tanto a los jóvenes en etapa formativa como a los adultos mayores en proceso de jubilación, ofreciendo una radiografía mucho más precisa del comportamiento de la población en su etapa de máxima productividad.

De las cifras del gráfico podemos destacar tres hallazgos fundamentales:

1. Un techo histórico coincidente (cercano al 84,5% en el año 2000): al igual que la tasa general, el tramo de 25 a 54 años alcanzó su máximo histórico a finales de los años 90 (rozando el 84,5%), impulsado por el clímax de la incorporación laboral femenina.

2. Deterioro post-crisis y mínimo en 2015: a diferencia del indicador general (donde el envejecimiento presiona a la baja de forma ininterrumpida), la tasa prime-age cayó drásticamente tras la Gran Recesión de 2008 hasta tocar un mínimo en torno al 80,5% en 2015. Esto demostró que el deterioro tras 2008 no fue solo un fenómeno demográfico, sino también de desánimo laboral real entre la población adulta.

3. El contraste crucial: Recuperación e hitos recientes (2023–2026): al observar el tramo final del segundo gráfico, se hace evidente la gran paradoja de la economía estadounidense actual:

   • Mientras la tasa general (primer gráfico) cotiza deprimida alrededor del 62,3% (lejos de sus máximos históricos), la tasa prime-age (segundo gráfico) ha experimentado un repunte extraordinario tras la pandemia, superando el 83,5%–84,0% y marcando los niveles más altos de los últimos 22 años.

El contraste entre ambos gráficos nos permite extraer una conclusión macroeconómica contundente: la caída de la tasa de participación laboral general en EE.UU. desde 2001 es, en su mayor parte, una ilusión demográfica.

El paulatino paso de la frondosa generación del Baby Boom hacia la jubilación arrastra mecánicamente a la baja la cifra titular que publica el BLS (primer gráfico). Sin embargo, cuando analizamos la fuerza laboral en edad plenamente productiva a través del segundo gráfico (25–54 años), el mercado de trabajo estadounidense muestra hoy una solidez histórica, alcanzando niveles de integración que no se veían desde el boom tecnológico de principios de los años 2000.

6. Perspectivas de futuro: ¿Hacia dónde se dirige la participación laboral?

Mirando hacia los próximos años, la evolución de la tasa de participación en EE.UU. estará moldeada por la interacción de tres grandes fuerzas:

1. El viento de cola demográfico persistente:

   El envejecimiento de la población no ha terminado. A medida que las cohortes más jóvenes del Baby Boom sigan cruzando el umbral de la jubilación, la presión bajista sobre la tasa general de participación (headline) continuará de forma ineludible. Salvo cambios migratorios masivos o un aumento drástico en la edad de jubilación efectiva, la tasa general difícilmente volverá a los niveles del año 2000.

2. El margen de recorrido en la franja Prime-Age:

   Dado que la participación de los adultos de 25 a 54 años se encuentra ya en máximos de más de dos décadas (rozando el 84%), el margen para que este grupo siga compensando la caída demográfica general es limitado. La clave estará en si la flexibilidad laboral (teletrabajo, jornadas híbridas) puede elevar aún más la tasa de participación femenina o la de personas con responsabilidades familiares.

3. El impacto de la Inteligencia Artificial y la automatización:

   A diferencia de las olas tecnológicas anteriores, que desplazaron principalmente el empleo manual, la adopción masiva de la IA generativa afecta de lleno a las tareas cognitivas. El debate clave para la próxima década es si esta transición reestructurará el empleo sin mermar la participación o si, por el contrario, provocará episodios de obsolescencia de habilidades y desánimo laboral en ciertos segmentos profesionales en edad madura.

En definitiva, la tasa de participación de EE.UU. no volverá a romper récords absolutos por una pura cuestión de pirámide poblacional. Sin embargo, vigilar de cerca la métrica prime-age seguirá siendo la brújula indispensable para distinguir la salud real del mercado de trabajo del mero envejecimiento demográfico.

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Como citar esta entrada del Blog:

Vicente Esteve, "La caída reciente de la tasa de participación laboral en EE.UU.: ¿Es en su mayor parte una ilusión demográfica?", Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 3/9/2026,

http://vicenteesteve.blogspot.com/2026/09/la-caida-reciente-de-la-tasa-de.html

El Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI): qué es, por qué importa y qué nos dice desde 2020

¿Qué es el GSCPI y por qué vigilarlo hoy más que nunca?

El Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) es un indicador desarrollado por la Reserva Federal de Nueva York que mide el grado de tensión en las cadenas de suministro globales. Combina datos del Baltic Dry Index —que mide costes de transporte de materias primas—, el índice Harpex de fletes de contenedores, los índices de precios de transporte aéreo del Bureau of Labor Statistics entre Estados Unidos, Asia y Europa, y componentes de las encuestas de gestores de compras (PMI) de siete economías clave: China, la eurozona, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos.

El índice está normalizado con media cero: los valores positivos indican cuántas desviaciones estándar se sitúa el índice por encima de la media histórica, lo que implica que las cadenas de suministro están bajo presión. Los valores negativos indican que las cadenas funcionan bien y experimentan perturbaciones limitadas. En su estado normal, se espera que el GSCPI esté por debajo de cero. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que valores muy negativos tampoco son necesariamente buenas noticias: algunos eventos, como el inicio de una recesión, pueden reducir sustancialmente la presión sobre las cadenas al contraerse la demanda de forma drástica.

Su importancia económica es considerable. Las cadenas de suministro globales determinan los plazos y costes de producción de prácticamente todos los bienes manufacturados. Cuando se tensan, suben los precios de los bienes intermedios, se alargan los tiempos de entrega, caen los márgenes empresariales y, en última instancia, se alimenta la inflación. El GSCPI permite anticipar presiones inflacionistas con varios meses de antelación, lo que lo convierte en una herramienta de seguimiento de primer orden para bancos centrales, empresas y analistas de política económica.

En el gráfico adjunto se muestra la evolución temporal del GSCPI desde enero de 2020 hasta junio de 2026.

Evolución desde 2020: cinco fases bien diferenciadas

Fase 1. El shock inicial de la pandemia (febrero—abril 2020)

El inicio de la pandemia provocó una primera oleada de perturbaciones severas. Los cierres de fábricas en China, el colapso del transporte aéreo internacional y la desorganización generalizada de los puertos dispararon el índice bruscamente desde su zona de confort. Fue el primer aviso de la fragilidad estructural de unas cadenas de suministro diseñadas para la eficiencia máxima, pero carentes de margen de resiliencia ante shocks inesperados.

Fase 2. La acumulación de presiones sin precedentes (2021)

Fue el período más crítico de toda la serie histórica. La combinación de una demanda desbordada —impulsada por los estímulos fiscales masivos en Estados Unidos y Europa y por el giro del consumo de servicios a bienes durante los confinamientos—, la escasez global de semiconductores, una congestión portuaria crónica y el bloqueo del Canal de Suez en marzo de 2021 llevaron el índice a sus máximos absolutos. El GSCPI alcanzó su pico de 4,3 desviaciones estándar por encima de la media histórica a finales de 2021. Los fletes marítimos en las principales rutas comerciales se multiplicaron por cuatro o cinco respecto a su tendencia histórica. Fue en este contexto donde el índice demostró su utilidad analítica: las presiones en las cadenas de suministro fueron uno de los factores determinantes de la ola inflacionista global de 2021—2022, que pilló a la mayoría de los bancos centrales con la guardia baja.

Fase 3. La normalización interrumpida (2022)

El índice inició una senda descendente desde principios de 2022, pero la recuperación no fue lineal ni sencilla. El índice cayó a 2,8 en marzo de 2022, tras lo cual aumentó temporalmente en abril, principalmente debido a los confinamientos en China bajo la política de Covid cero y a la guerra de Rusia-Ucrania. Este último conflicto generó disrupciones adicionales en los sectores energético y agrícola —especialmente en los mercados de trigo, gas natural y fertilizantes— que retrasaron la normalización varios meses y mantuvieron el índice en terreno elevado durante la mayor parte del año.

Fase 4. La corrección profunda (2023)

La combinación de enfriamiento de la demanda global, la bajada pronunciada de los fletes marítimos y la descongestión gradual de los puertos produjo una corrección notable y relativamente rápida. En 2023 el índice entró en terreno negativo, a niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008—2009. El mínimo histórico de toda la serie se registró en mayo de 2023, con –1,59 puntos. Fue una señal de alivio para la inflación global y coincidió con el inicio del ciclo de bajadas de tipos de interés en los principales bancos centrales. La normalización parecía consolidada. No lo era.

Fase 5. La nueva acumulación de presiones (2024—2026): de los aranceles al Estrecho de Ormuz

La corrección de 2023 resultó ser una pausa, no un punto de llegada. Las disrupciones se fueron intensificando a lo largo de 2024 y 2025 por una combinación de factores superpuestos: los ataques hutíes en el Mar Rojo que obligaron a los buques a desviar sus rutas por el Cabo de Buena Esperanza —alargando significativamente los tiempos y costes de transporte—, las políticas arancelarias agresivas de la administración Trump que alteraron los flujos comerciales globales, y la incertidumbre geopolítica creciente en Oriente Medio. En febrero de 2026 el índice se situaba ya en 0,49 puntos, claramente por encima de su media histórica.

Pero el episodio más grave y reciente es el conflicto con Irán. Tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre Irán el 28 de febrero de 2026, Irán advirtió que el paso por el Estrecho de Ormuz "no estaba permitido", y el tráfico de buques por el estrecho cayó aproximadamente un 70% en pocas horas. Las consecuencias son de primer orden para el conjunto de la economía global: según un informe de 2025 de la UNCTAD, el Estrecho de Ormuz canaliza el 11% del volumen del comercio marítimo global y más de 30 millones de TEUs de tráfico portuario de contenedores tienen lugar en su entorno.

Los efectos se extienden mucho más allá del petróleo y el gas. Baterías para vehículos eléctricos y semiconductores para la producción de 2026 están varados en el Golfo, las exportaciones de gas natural licuado de Qatar están paralizadas, y el bloqueo amenaza las exportaciones de fertilizantes de nitrógeno justo antes de la siembra primaveral en el hemisferio norte, con riesgo de caídas en los rendimientos agrícolas y subidas de precios de los alimentos a finales de año. En el sector del transporte marítimo, el retorno de los servicios por el Mar Rojo queda descartado, los navieros están implementando sobrecargos y las negociaciones de contratos están paralizadas.

El dato reciente: ¿Respiro temporal o cambio de tendencia?

El repunte del GSCPI en los primeros meses de 2026 reflejó por tanto dos shocks de oferta superpuestos: el impacto arancelario previo y este nuevo cierre del corredor marítimo más estratégico del mundo, escalando hasta alcanzar un máximo reciente de 1,81 en mayo de 2026.

A diferencia del episodio de 2021 —que fue fundamentalmente un shock de demanda desbordada combinado con cuellos de botella logísticos de naturaleza temporal— este nuevo episodio tiene un componente geopolítico estructural cuya duración e intensidad son mucho más inciertas y difícilmente gestionables desde la política económica convencional.

Sin embargo, el último dato publicado correspondiente a junio de 2026 muestra un descenso significativo, situándose en 1,25. Aunque el índice sigue firmemente anclado en terreno positivo (más de una desviación estándar por encima de su media histórica), esta caída desde el pico de mayo sugiere que las rutas logísticas alternativas —pese a ser más costosas y prolongadas— han comenzado a absorber y estabilizar los flujos comerciales tras el colapso inicial en Ormuz. Queda por ver si estamos ante un proceso de adaptación estructural y descompresión de las tarifas de fletes, o si se trata de un simple respiro temporal en un entorno geopolítico crónicamente volátil.

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Como citar esta entrada del Blog:

Vicente Esteve, "El Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI): qué es, por qué importa y qué nos dice desde 2020", Universidad de Valencia", Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 7/7/2026,

https://vicenteesteve.blogspot.com/2026/07/el-global-supply-chain-pressure-index.html

Lo que los datos salariales de 2024 revelan sobre la economía española cuando nadie te los explica bien

                                 

En esta entrada del Blog se analiza la estructura salarial española a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes al año 2024. A través del examen de los principales indicadores de tendencia central y de dispersion, se identifican brechas persistentes por genero, nacionalidad, categoría ocupacional y territorio, y se argumenta que dichas brechas responden a mecanismos estructurales de segmentación del mercado de trabajo que no pueden resolverse mediante la lógica de mercado sin intervención institucional activa, que por el momento es claramente insuficiente. También se realiza un análisis de las pensiones españolas para el año 2024.

En el cuadro adjunto (hacer clic para verlo más grande) aparece la escala de mayor a menor de las remuneraciones (salarios y pensiones) en la economía española a finales de 2024. Para los salarios se ha utilizado los últimos datos publicados por el INE en su Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) 2024 (publicada el 28 de mayo de 2026). Los datos para 2024 de las pensiones han sido extraídos de Estadísticas, Presupuestos y Estudios, enero 2025, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (publicados el 10 de Junio de 2026). Aunque existen datos más recientes de las pensiones hemos utilizado los de 2024 a efectos de una comparación homogénea con los salarios.

Las cifras del cuadro no son una colección aleatoria de datos: revelan hechos estilizados que se reproducen año tras año y que apuntan a mecanismos estructurales, no a anomalías coyunturales.

El país de los mil euros

Hay un número que lo resume todo. En España, el salario más frecuente —el que más trabajadores cobran en realidad, no el que aparece en los titulares— es 1.180 euros brutos al mes. Ese dato, publicado por el INE en su Encuesta de Estructura Salarial de 2024, es la fotografía más honesta de un mercado de trabajo que lleva décadas presentándose con una cara que no es la suya.

Cuando los medios y los políticos hablan del salario “medio”, hablan de 2.110 euros. Una cifra que suena razonable, incluso esperanzadora, hasta que entiendes cómo funciona la estadística: los altos sueldos de los sectores oligopolísticos regulados (suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado), de actividades financieras y de seguros, información y comunicaciones y de las industrias extractivas, elevan la media aritmética muy por encima de lo que cobra la mayoría. El salario mediano -el que divide exactamente a la mitad a toda la población asalariada- es 1.749 euros. Y el más frecuente, insisto, 1.180.

Esa distancia de 930 euros entre la media y lo más frecuente no es un tecnicismo matemático. Es la huella cuantificable de una economía profundamente desigual.

La pirámide del privilegio

Los datos son brutalmente elocuentes cuando se ordenan de arriba a abajo. Los directores y gerentes se llevan 4.561 euros de media. Los trabajadores no cualificados en servicios, 1.147 euros. Una ratio de casi 4 a 1 que no es fruto del azar, sino de décadas de segmentación del mercado laboral: un núcleo de empleos estables y bien pagados, y una periferia de empleos precarios en la que el Salario Mínimo Interprofesional no funciona como suelo de protección, sino como techo salarial efectivo de sectores enteros.

La segmentación sectorial es igual de llamativa. El sector energético paga de media 4.137 euros. La hostelería, 1.260 euros. Tres veces y media menos. Y no porque los camareros trabajen menos o sean menos necesarios: la hostelería, que sostiene el modelo turístico sobre el que descansa buena parte de nuestra economía. Es un sector que más dinero genera para el país y el que peor paga a quienes lo hacen posible.

Esta no es una anomalía del mercado. Es su resultado lógico cuando no existe poder de negociación real: mucha oferta de trabajadores, poca organización sindical, alta rotación y escasas alternativas. El modelo productivo español ha apostado históricamente por la devaluación salarial como ventaja competitiva, en lugar de apostar por la productividad, la innovación y el valor añadido. Llevan décadas aplicándolo. Estos son los resultados.

La brecha de género: un robo que no termina en la jubilación

Los hombres cobran de media 2.289 euros. Las mujeres, 1.921 euros. Una diferencia de 368 euros al mes, más de 5.000 euros al año, un 16,1% menos por el mismo tipo de trabajo, en el mismo mercado laboral, en el mismo país.

Cuando alguien dice que esto se debe a que las mujeres “eligen” sectores peor pagados o tienen más interrupciones laborales por maternidad, en realidad está describiendo el problema, no explicándolo. ¿Por qué los sectores feminizados pagan menos? ¿Por qué la maternidad penaliza económicamente a las mujeres mientras la paternidad apenas afecta los salarios masculinos? ¿Por qué los cuidados, históricamente realizados por mujeres, no cuentan como trabajo productivo a efectos retributivos?

La brecha no termina cuando te jubilas. La pensión media de las mujeres es 1.348 euros. La de los hombres, 1.869 euros. 521 euros menos al mes. No como excepción estadística. Como norma.

El sistema de pensiones contributivas no corrige las desigualdades del mercado de trabajo: las recibe, las institucionaliza y las proyecta sobre la vejez con una fidelidad casi matemática. Toda una vida de salarios más bajos, carreras más interrumpidas y más años trabajando a tiempo parcial se traduce, al final, en una vejez más pobre. Es la misma brecha, con distinto nombre.

Trabajar más, cobrar menos: la penalización del origen

Los trabajadores con nacionalidad española cobran de media 2.155 euros. Los procedentes de América Latina, 1.421 euros. Una diferencia del 34,2% que no se explica por menor cualificación ni menor esfuerzo.

Una parte importante de esta brecha opera a través de la inserción forzada en los sectores con peores condiciones: muchos trabajadores inmigrantes, independientemente de su formación real, acceden al mercado laboral español por la vía de los empleos que nadie más quiere, y encuentran después barreras estructurales —administrativas, lingüísticas, de redes— para moverse hacia segmentos mejor pagados.

Es incómodo decirlo con claridad, pero la economía española se sostiene en parte sobre esta mano de obra sistemáticamente infravalorada. El turismo, la agricultura de exportación, la limpieza, la hostelería. La gratitud que les dispensamos es retórica. La retribución que reciben, estructuralmente insuficiente.

Las pensiones: donde todo se hereda, incluso la precariedad

El sistema público de pensiones español funciona así: cobras en función de lo que has cotizado durante tu vida laboral. Esto tiene una consecuencia distributiva que raramente se menciona en el debate público: quien ha cobrado poco toda su vida, cobra poco también cuando se jubila. El sistema no corrige las desigualdades del mercado de trabajo. Las recibe, las institucionaliza y las proyecta sobre la vejez con una fidelidad casi matemática.

Los números lo confirman. La pensión máxima de jubilación es 3.175 euros -más alta que el salario medio del país-. La pensión media del régimen general es 1.658 euros. Y la de Extremadura, la comunidad con los salarios más bajos, apenas llega a 1.376 euros. Entre la pensión más alta por comunidad -País Vasco, 2.064 euros- y la más baja -Extremadura, 1.376 euros- hay una brecha del 49,9%. La geografía de la desigualdad salarial se replica con total coherencia en la geografía de la desigualdad en la vejez.

Pero si hay una brecha que merece detenerse, es la de género. Los hombres cobran de media 1.869 euros de pensión. Las mujeres, 1.348 euros. Una diferencia de 521 euros al mes -más de 7.000 euros al año- que no es una anomalía estadística sino el resultado previsible y calculable de toda una vida de desigualdad acumulada. La mujer que cobró menos durante su carrera laboral, que interrumpió su trayectoria por maternidad, que trabajó a tiempo parcial durante años para conciliar, que cotizó sobre bases más bajas durante más tiempo: esa mujer llega a la jubilación y descubre que el sistema ha guardado memoria de todo. No para compensarla. Para perpetuarlo.

Esta brecha del 27,9% entre la pensión media de hombres y mujeres es, además, más amplia que la propia brecha salarial del 16,1% entre activos. Es decir: la desigualdad no solo se mantiene en la vejez, sino que se amplía. Cada año de cotización perdido por un permiso de maternidad no remunerado, cada mes trabajado a jornada parcial, cada sector feminizado que cotizó por debajo de la media: todo ello se acumula en silencio durante décadas y estalla en el momento de la jubilación en forma de pensión insuficiente. Y eso, en un país donde las mujeres mayores viven solas en una proporción muy superior a los hombres —por razones de esperanza de vida diferencial—, tiene consecuencias directas sobre su capacidad de cubrir necesidades básicas sin depender del apoyo familiar o de los servicios sociales.

Las reformas que han ido ampliando el período de cómputo para calcular la pensión -de 15 a 25 años con la reforma de 2011- agravaron este problema: al promediar más años, se incorporan los períodos de desempleo, de trabajo parcial y de bajos salarios, que afectan de manera desproporcionada a mujeres, inmigrantes y trabajadores con trayectorias precarias. La reforma de 2023 intentó corregirlo parcialmente con un sistema dual: a partir de 2026, se aplicará el período más beneficioso entre los 25 años actuales o los 29 últimos años descartando los 2 peores, lo que beneficiará especialmente a quienes tienen carreras irregulares. También introdujo un complemento específico por brecha de género -unos 33 euros mensuales en 2024, con incrementos del 10% adicional en 2024 y 2025- y amplió la cobertura de lagunas de cotización para mujeres hasta cinco años con el 100% de la base mínima. Son pasos en la dirección correcta, pero insuficientes: 33 euros al mes no compensan 521 euros de diferencia en la pensión media entre hombres y mujeres.

Los bajos salarios generan bajas cotizaciones. Las bajas cotizaciones generan bajas pensiones. Las bajas pensiones reproducen en la vejez la precariedad que el mercado impuso en la edad activa. Es un círculo vicioso que se refuerza a sí mismo, y que castiga con especial dureza a quienes más tiempo dedicaron al cuidado de otros sin que el sistema contara ese tiempo como trabajo.

Corregirlo requiere decisiones más ambiciosas que las tomadas hasta ahora: cotizaciones ficticias por períodos de cuidado, complementos que compensen de verdad la brecha de género en las pensiones -no 33 euros, sino una corrección proporcional a la desigualdad acumulada-, prestaciones mínimas suficientes para quienes tuvieron trayectorias discontinuas, y una fiscalidad progresiva sobre pensiones altas que financie la mejora de las bajas. Sin esas correcciones, el sistema de pensiones seguirá siendo lo que es: un mecanismo que perpetúa la desigualdad. No su antídoto.

¿Cuánto se puede vivir con 1.180 euros?

Hagamos las cuentas. El salario más frecuente en España son 1.180 euros brutos, que en neto se quedan en unos 990-1.020 euros para un trabajador sin cargas familiares. Una habitación en alquiler en cualquier ciudad mediana del país cuesta de media en 2025 425 euros al mes según Idealista, cifra que en Madrid sube a 575 euros y en Barcelona supera los 600. Transporte, alimentación y suministros se llevan otros 300-400 euros.

Resultado: un margen de entre cero y 250 euros para todo lo demás. Para ropa, para el médico, para algún ocio, para ahorrar, para cualquier imprevisto. Con ese margen no se ahorra para una entrada de piso en un mercado donde el precio de la vivienda subió un 12,7% solo en 2025 -su mayor alza en 18 años según el INE- y acumula ya 12 años consecutivos de subidas. No se tienen hijos sin que suponga un salto al vacío. No se enferma con tranquilidad. No se planifica nada más allá del mes siguiente.

Y esto, conviene subrayarlo, no describe a los trabajadores más vulnerables del sistema. Describe a la mayoría estadística de los asalariados españoles. La precariedad en España no es la excepción. Es la "norma modal".

Lo que los números no pueden contar

Hay algo que estas cifras no capturan: la angustia. El trabajador de 58 años con contrato temporal en hostelería que sabe que su pensión será miserable. La mujer de 45 que cobra 400 euros menos que su colega con el mismo puesto y lleva años sin poder demostrarlo formalmente. El joven universitario de 28 que trabaja a tiempo parcial no por elección sino por ausencia de alternativas, y vive en casa de sus padres no por comodidad sino por imposibilidad económica de emanciparse. La estadística deshumaniza por necesidad. 

Conclusión: es hora de hacer reformas serias

Los datos analizados dibujan una estructura salarial española que combina un núcleo reducido de trabajadores bien remunerados con una amplia base de asalariados próximos al umbral del salario mínimo. Las brechas documentadas por género, por nacionalidad, por categoría ocupacional y por territorio no son accidentes del mercado ni resultados inevitables de la globalización. Responden a decisiones históricas y cotidianas sobre qué trabajo se valora, quién tiene derecho a negociar y qué sectores se protegen con políticas públicas y cuáles se abandonan a su suerte.

Detrás de cada cifra hay una persona que merece algo mejor. Los datos lo demuestran y el sentido común lo confirma. Toca pedir en voz alta lo que debería ser evidente. Estas son las reformas que no pueden seguir esperando:

Transparencia salarial real. La directiva europea de transparencia salarial, aprobada en 2023, obliga a los Estados miembros a transponerla antes de 2026. España debe hacerlo con ambición y no con mínimos: que las empresas publiquen las bandas salariales por categoría y sexo, que los trabajadores tengan derecho a conocer lo que cobran sus compañeros con funciones equivalentes, y que las sanciones por incumplimiento sean disuasorias. Sin información no hay negociación posible, y sin negociación la brecha salarial de género seguirá siendo invisible para quienes la sufren.

Negociación colectiva fuerte en todos los sectores. La cobertura de la negociación colectiva en España es formalmente alta, pero su calidad es muy desigual. Los sectores peor pagados —hostelería, limpieza, cuidados, agricultura— son precisamente aquellos donde los convenios son más débiles, la representación sindical más escasa y la rotación laboral más alta. Extender la negociación colectiva sectorial con convenios de mayor cobertura y mecanismos de extensión automática a empresas no firmantes es la herramienta más eficaz para comprimir la dispersión salarial desde abajo.

Un SMI que no sea el techo sino el suelo. El Salario Mínimo Interprofesional ha crecido significativamente en los últimos años, pero en demasiados sectores sigue funcionando como referencia de facto para fijar salarios, no como límite inferior. El objetivo del 60% del salario medio —recomendado por la Carta Social Europea— debe mantenerse como suelo, no como destino. Y su actualización debe desvincularse del ciclo político para convertirse en un mecanismo automático ligado a la evolución de la productividad y los precios.

Reformar las pensiones desde la equidad, no solo desde la sostenibilidad. El sistema contributivo premia a quien más ha cotizado y más ha cobrado. Eso es exactamente lo contrario de lo que necesitan quienes llegaron a la jubilación con trayectorias interrumpidas, sectores precarios o años de trabajo no remunerado de cuidados. Las cotizaciones ficticias por períodos de maternidad, paternidad y cuidado de dependientes deben ampliarse y equipararse a bases de cotización reales, no mínimas. El complemento por brecha de género debe crecer en proporción a la desigualdad que corrige, no en los 33 euros actuales que apenas rozan el problema. Y las pensiones mínimas deben garantizar que nadie que haya cotizado durante décadas termine su vida por debajo del umbral de pobreza.

Un modelo productivo que no dependa de pagar poco. Esta es la reforma más difícil y la más urgente. España tiene una productividad por hora trabajada inferior a la media europea, no porque sus trabajadores trabajen menos, sino porque su economía está especializada en sectores de bajo valor añadido que compiten fundamentalmente en precio. Revertir eso exige inversión pública en I+D, políticas industriales activas que diversifiquen la estructura productiva más allá del turismo y la construcción, y incentivos reales para que las empresas suban salarios como parte de su estrategia de retención y productividad, en lugar de recurrir sistemáticamente a la devaluación salarial interna.

Ninguna de estas propuestas es utópica. Todas tienen precedentes en países de nuestro entorno con economías más igualitarias y más competitivas al mismo tiempo. La evidencia comparada demuestra que los países con mayor cobertura de negociación colectiva, mayor transparencia salarial y sistemas de pensiones más redistributivos no son menos eficientes económicamente: son más resilientes, tienen mayor cohesión social y generan menos coste sanitario, educativo y asistencial derivado de la pobreza y la precariedad. Los países nórdicos son el ejemplo más documentado de esta compatibilidad entre igualdad y competitividad (Andersen et al., 2007), pero no el único: el análisis comparado de la OCDE sobre treinta países concluye que una mayor cobertura de negociación colectiva se asocia sistemáticamente a menor desigualdad salarial sin penalización del empleo ni de la productividad (OCDE, 2019). Y la evidencia macroeconómica es aún más contundente: la propia OCDE ha documentado que la desigualdad elevada reduce el crecimiento económico a largo plazo, de modo que corregirla no es un coste para la economía sino una condición para su sostenibilidad (OCDE, 2015).

El Gobierno ha aprendido en 8 años a gestionar el relato de la desigualdad mejor que la desigualdad misma. Sube el SMI, revaloriza las pensiones con el IPC, anuncia compromisos de transparencia salarial y presenta cada décima de reducción de la brecha de género como un logro histórico. Mientras tanto, el salario más frecuente sigue siendo 1.180 euros (bruto), la pensión media de las mujeres sigue siendo 521 euros inferior a la de los hombres, y los sectores peor pagados del país siguen siendo exactamente los mismos que hace una década. Gobernar la estadística no es lo mismo que cambiar la realidad que mide.

Y para terminar, y parafraseando a Bill Clinton en la campaña presidencial de EE.UU. de 1992, y a quién corresponda:

¡Es el salario más frecuente, no el salario medio, estúpido!

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Referencias

• Andersen, T. M. et al. (2007). The Nordic Model: Embracing Globalization and Sharing Risks. ETLA.
• OCDE (2015). In It Together: Why Less Inequality Benefits All. OECD Publishing.
• OCDE (2019). Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work. OECD Publishing.

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Como citar esta entrada del Blog:

Vicente Esteve, "Lo que los datos salariales de 2024 revelan sobre la economía española cuando nadie te los explica bien", Universidad de Valencia", Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 13/6/2026,

https://vicenteesteve.blogspot.com/2026/06/lo-que-los-datos-salariales-de-2024.html

El mercado le hace el "trabajo sucio'" a la Fed: Regla de Taylor, tipos de la deuda pública, swaps y freno a los tipos de los fondos federales en 2026

Kevin Warsh, nuevo Presidente de la Reserva Federal de EE. UU.

El objetivo principal de esta entrada del Blog es analizar si la Regla de Taylor ha funcionado a lo largo de tiempo en el caso de la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., con especial hincapié en las tensiones inflacionarias provocadas por el Conflicto en Oriente Próximo y el cierre del Estrecho de Ormuz.

Uno de los principales instrumentos de política monetaria que utiliza la Fed es la orientación de las tasas de los fondos federales. En el mercado de fondos federales (mercado interbancario en EE.UU.) se realizan préstamos en dólares entre las instituciones depositarias (principalmente bancos) que operan en el país.

Por un lado, el Comité Federal de Mercado Abierto  (Federal Open Market Committee) de la Reserva Federal de EE.UU. fija en sus reuniones periódicas la tasa “objetivo único específico” o (Federal Funds Rate Range, FFRR) en las que pueden negociar las instituciones depositarias en el mercado de fondos federales.

Por otro lado, la tasa efectiva de los fondos federales (Efective Federal Funds Rate, EFFR) se calcula como la media de los tipos de interés de los préstamos de fondos federales ponderada por el volumen de las transacciones de fondos federales del día.

La hoja de ruta de la Fed en 2026: Del desacuerdo interno a la cautela unánime por el frente geopolítico

La Reserva Federal de EE.UU. (Fed) tuvo su última reunión bajo el mandato de Jerome Powell el 28 y 29 de abril de 2026. La próxima reunión prevista para el 16 y 17 de junio será ya con Kevin Warsh como nuevo Presidente.

Las Actas de esta última reunión de la Fed evidencian un posible endurecimiento en la política monetaria ante el alza de la tasa de inflación.  El conflicto en Oriente Próximo fue un tema central en la reunión de la Fed, y los miembros del FOMC han destacado que tendrá "implicaciones significativas" para la trayectoria de los tipos de interés.

Iniciar el año analizando la estrategia de la Reserva Federal estadounidense requería mirar con lupa la velocidad de sus futuros recortes. Sin embargo, tras encadenar las actas de sus reuniones de enero, marzo y abril de 2026, queda claro que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) ha entrado en una fase de máxima prudencia. Aunque el rango objetivo para el tipo de los fondos federales (FFRR) se ha mantenido congelado en el 3,25% - 3,50%, la intrahistoria de estos meses revela cómo los shocks geopolíticos imprevistos han obligado al banco central a replegar posiciones y priorizar la estabilidad.

Para entender el momento actual, hay que recordar cómo empezó el año. En enero, el consenso de la Fed se resquebrajó con una votación de 10 a 2, donde los gobernadores Stephen I. Miran y Christopher J. Waller exigieron un recorte inmediato de tipos de 25 puntos básicos. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en marzo. El estallido del conflicto en Oriente Medio sacudió los mercados con un repunte vertical en los precios de la energía y los combustibles, obligando a los disidentes a replegarse. Para las reuniones de marzo y abril, el Comité recuperó la unanimidad absoluta: 12 votos a favor de mantener las tasas estables. La urgencia por bajar los tipos se disipó ante el temor colectivo de que las tensiones internacionales reavivasen las presiones inflacionistas.

El análisis secuencial de las actas revela una transición clara en las expectativas de actuación futura. En enero y marzo, el debate se centraba en cuándo iniciar la flexibilización, y las encuestas de mercado proyectaban con optimismo hasta dos bajadas de tipos para la primera mitad del año. Sin embargo, los datos y eventos acumulados hasta abril han obligado a los inversores y al propio Comité a retrasar el calendario. Ahora, las actuaciones previsibles apuntan a una pausa mucho más prolongada de lo previsto, postergando cualquier movimiento para la segunda mitad del año. Es más, el ala más dura del Comité (hawks) ha dejado constancia de que, si la inflación se estanca debido al impacto cruzado de los aranceles sobre los bienes principales (core goods) y los costes energéticos, no dudarán en proponer ajustes al alza (subidas de tipos).

Detrás de este blindaje de la Fed hay tres indicadores macroeconómicos clave que justifican su inacción:

1. Inflación dualizada: Mientras que los precios de los servicios y la vivienda muestran una moderación sostenida, la inflación subyacente de los bienes se mantiene rígida por los aranceles, y el IPC general se ve amenazado por la volatilidad del petróleo provocada por el conflicto en Oriente Medio.

2. Mercado laboral en equilibrio: La tasa de desempleo se ha estabilizado en torno al 4,4%. El mercado ya no está sobrecalentado, pero sigue siendo robusto: la creación de empleo es moderada y los salarios nominales están creciendo a un ritmo más lento, lo que reduce los riesgos de una espiral salarios-precios.

3. Crecimiento económico sólido: A pesar de los tipos restrictivos, el PIB real sigue expandiéndose a un ritmo firme, respaldado por un consumo privado resiliente y una fuerte inversión empresarial en tecnología (pese a los temores iniciales reflejados en marzo sobre disrupciones de la IA en ciertos modelos de negocio).

La conclusión para los próximos meses es una "ultra-dependencia de los datos". Con una economía que resiste y un mercado laboral que no se destruye, la Fed cuenta con el margen necesario para mantener la cautela. El banco central prefiere pecar de paciente antes que arriesgarse a recortar el precio del dinero prematuramente en un mapa global volátil e impredecible. La puerta a las bajadas sigue abierta, pero el umbral para cruzarla exige ahora certezas geopolíticas que el mundo, de momento, no puede garantizar.

La tasa de interés de los fondos federales implícita de la Regla de Taylor

El Presidente de la Fed, Jerome Powell, en un simposio de política económica patrocinado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming [1], hacia referencia a varias variables que como veremos más adelante están presentes en la conocida Regla de Taylor para la fijación de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Por un lado, hace hincapié en que las estimaciones de la tasa neutral o "normal" de los fondos federales es la tasa consistente con la economía en el pleno empleo (relacionada con el "output gap") y con una tasa de inflación estable. Por otro lado, que la evolución de la tasa neutral de los fondos federales refleja en gran parte los cambios en la tasa de interés real de equilibrio (denominada técnicamente como r-star).

¿Pero cuál es el nivel "normal" a largo plazo de las tasas de los fondos federales a los que se refería Jerome Powell? 

Para contestar a esta pregunta tenemos que hacer una referencia a la principales reglas de política monetaria que han sido mencionadas por el Comité Federal de Mercado Abierto desde 1995. Las reglas monetarias recogen bien el mandato legal de la Fed de promover el máximo empleo y la estabilidad de precios, al prescribir que la tasa de los fondos federales debe responder a la desviación de la inflación de su objetivo a largo plazo y a la brecha del producto, dado que la economía debe estar en o cerca del pleno empleo cuando se cierra la brecha de producción (la diferencia entre el PIB real y una estimación de la producción potencial). Además, los trabajos de investigación empírica sugieren que reglas tan simples pueden ser razonablemente sólidas ante la incertidumbre sobre la verdadera estructura de la economía, ya que funcionan bien en una amplia variedad de modelos. [2]

La regla monetaria más conocida es la Regla de Taylor que permite una aproximación a este nivel "normal" a largo plazo al que se refirió Jerome Powell en 2020, pero existen más reglas que han sido mencionadas en distintos informes de la Reserva Federal junto a la Regla de Taylor original.  Por ejemplo, la regla modificada de la Regla de Taylor original propuestas en Taylor (1999) y Yellen (2012) que se han incluido en los Informes de Política Monetaria (Monetary Policy Report) de la Reserva Federal desde 2017, y que resultan consistentes con la "Declaración sobre objetivos a más largo plazo y estrategia de política monetaria" original de 2012 [3].

En relación a la Regla de Taylor, John B. Taylor, catedrático de Economía de Stanford University, California, EE.UU., propuso en un seminal trabajo de 1993 una regla monetaria para establecer cambios en los tipos de interés de los fondos federales en función de la desviación de la producción real actual respecto a la producción real potencial y de la desviación de la inflación actual del objetivo de inflación, tal y como se puede ver en la siguiente expresión: [4]

i = π + 0,5 (y – y*) + 0,5 (π – π*) + r   [a]

donde i es el tipo de interés nominal a corto plazo y objetivo de la Política Monetaria derivada de la Regla de Taylor (en nuestro caso, la tasa de interés de los fondos federales); y es la tasa de variación del PIB real; y* es la tasa de variación del PIB potencial, (y-y*) es el "output gap"; π es la tasa de inflación actual (medida por la variación del deflactor del PIB); π* es la tasa de inflación objetivo de la Reserva Federal (en nuestro caso el 2%); y r es la tasa de interés real de equilibrio (de estado estacionario) o r-star, en el caso de la economía de EE.UU. el 2%. 

Recordemos que la tasa de interés real neutral es consistente con una inflación igual al nivel objetivo de inflación y un crecimiento real igual al crecimiento potencial a largo plazo.  Además, la tasa de interés real de equilibrio no se ve afectada por la política monetaria, sino que está impulsada por factores fundamentales de la economía, incluida la demografía y el crecimiento de la productividad, los mismos factores que impulsan el crecimiento económico potencial. Por último, la tasa de interés real neutral y el PIB potencial a largo plazo pueden variar con el paso del tiempo.

Teniendo en cuenta los dos datos fijos, la regla de Taylor quedaría finalmente como:

i = π + 0,5 (y – y*) + 0,5 (π – 2) + 2   [b]

Desde el punto de vista práctico, por ejemplo, si la economía de EE.UU. mantuviera una tasa de crecimiento real del +1%, el crecimiento potencial fuera del +3% y la tasa de inflación fuera del +0,5%, la tasa de inflación neutral fuera del 2% (objetivo de la Reserva Federal), la Regla de Taylor sugeriría que la Reserva Federal debería fijar unos tipos de interés de los fondos federales del +0,75%.

¿Son necesarias subidas de los tipos de interés de los fondos federales para reducir la tasa de inflación actual y doblegar las expectativas de la inflación futura?

Para entender si los tipos de interés de la Reserva Federal están en el nivel correcto, los economistas suelen recurrir a una brújula matemática conocida como la Regla de Taylor. Al cruzar el tipo de interés efectivo de los fondos federales con sus variantes históricas —la regla original de 1993, la modificada de 1999 y la versión basada en la tasa de desempleo—, se revela una interesante radiografía de los aciertos y las lagunas de la política monetaria estadounidense durante las últimas dos décadas. Analizar la divergencia entre lo que la teoría matemática exigía y lo que la Fed ejecutó realmente nos permite entender por qué el banco central se encuentra hoy en una encrucijada tan compleja.

En los siguientes gráficos (hacer clic sobre los mismos para verlos más grandes) se muestra la evolución de la tasas de interés de fondos federales efectivos (línea roja) y las tasas de interés implícitas de la Regla de Taylor (el tipo de interés que se fijaría de seguirse la Regla de Taylor de la ecuación [b], línea azul) para el periodo 1954-2026 (último dato abril), y desde abril de 2016 hasta abril de 2026.

La historia de esta desconexión comenzó a gestarse mucho antes de la Gran Recesión. Tras el estallido de la burbuja tecnológica de las puntocom y los atentados del 11 de septiembre, la Fed redujo agresivamente el precio del dinero. Durante el periodo de 2001 a 2006, los tipos oficiales se mantuvieron sistemáticamente por debajo de lo que recomendaban todas las versiones de la Regla de Taylor, que sugerían tasas de entre el 3% y el 4% mientras la autoridad monetaria las congelaba cerca del 1%. Esta laxitud prolongada, bautizada por los críticos como la era del dinero "demasiado bajo por demasiado tiempo", terminó alimentando de forma pasiva las condiciones crediticias que dieron origen a la desastrosa burbuja inmobiliaria subprime.

Cuando la crisis financiera global estalló con toda su crudeza en 2007, la Fed se vio obligada a vaciar rápidamente su arsenal, recortando los tipos a velocidad récord hasta encallarlos en el suelo del 0% al 0,25%, el límite inferior cero. En ese instante, las Reglas de Taylor experimentaron una caída libre vertical sin precedentes históricos. Debido al desplome del PIB y al repunte masivo del desempleo, las fórmulas matemáticas exigían tipos de interés negativos extremos de hasta el -5%. Al ser físicamente imposible fijar tasas nominales negativas en la economía real, la profunda brecha que se abrió entre ambas líneas reflejó el nacimiento de una nueva era: la Fed se vio forzada a ignorar la regla tradicional y a inventar la flexibilización cuantitativa (QE) e inyecciones masivas de liquidez para compensar el estímulo que los tipos ordinarios ya no podían ofrecer.

Tras la tormenta llegó una de las divergencias más persistentes y debatidas de la historia moderna. Durante la lenta recuperación de 2010 a 2019, marcada por los temores al "estancamiento secular", la economía estadounidense comenzó a sanar gradualmente. Las Reglas de Taylor rebotaron con fuerza y ya para el periodo 2012-2014 exigían subidas de tipos generalizadas hacia la zona del 3% o 4%. Sin embargo, la Fed mantuvo las tasas en cero hasta finales de 2015 por pura cautela. Hubo una divergencia pasiva prolongada porque el banco central priorizó sanar el mercado laboral antes de atacar una inflación que aún no presionaba. Incluso cuando comenzaron las subidas en 2016, la Fed frenó en seco al llegar al 2,4% en 2018, desoyendo por completo a una Regla de Taylor que para entonces ya demandaba tasas cercanas al 5%.

Esta desconexión voluntaria palidece al compararse con el shock inflacionario del COVID-19 entre 2020 y 2023. Tras devolver los tipos al 0% por la pandemia, la reapertura económica y los cuellos de botella globales desataron una espiral de precios histórica. Las Reglas de Taylor reaccionaron de forma explosiva y vertical, llegando a exigir tipos de interés de entre el 9% y el 11% en 2022 para contener los precios. Al catalogar inicialmente la inflación como "transitoria", la Fed se quedó peligrosamente por detrás de la curva de la regla matemática. Aunque posteriormente aplicó la subida de tipos más rápida en décadas hasta el entorno del 5,3%, la brecha histórica evidenció que la Fed prefirió amortiguar el golpe económico en lugar de aplicar el durísimo castigo monetario que dictaba la teoría.

Finalmente, el ciclo actual nos traslada a la encrucijada del primer cuatrimestre de 2026. Tras iniciar una senda de normalización que redujo el tipo efectivo hacia el rango del 3,25% - 3,50% gracias a la moderación de los servicios y la vivienda, el estallido del conflicto geopolítico en Oriente Medio ha vuelto a sacudir las variables. El violento repunte en los precios del petróleo ha provocado que las variantes de la Regla de Taylor basadas en la inflación detengan su descenso y vuelvan a registrar una preocupante rigidez al alza. Este repunte matemático justifica a la perfección el giro prudente de la Fed en sus últimas reuniones de marzo y abril: mientras que indicadores como el empleo justificarían seguir bajando tipos, el shock petrolero introduce presiones en la fórmula que obligan al banco central a activar el freno de mano y prolongar su pausa, evitando a toda costa que la brecha con la Regla de Taylor se vuelva a ensanchar y descontrole las expectativas de inflación.

Con más detalle, la tasa efectiva de los fondos federales ha alcanzado en junio de  2026 el nivel del +3,64%, mientras que la tasa de interés implícita de los fondos federales derivada de la Regla de Taylor indica que la Reserva Federal  - en base a los datos del PIB real actual y de la inflación actual - debería situar los tipos de interés en nada menos que el +6,41,%. Una potencial alza de los tipos de 2,77 puntos porcentuales.

Esta encrucijada matemática y geopolítica no ha pasado desapercibida para los inversores. En las últimas semanas, el mercado de renta fija ha reaccionado con un movimiento contundente: un repunte vertical en las rentabilidades (yields) de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años (véase el siguiente gráfico). Esta subida de los tipos de interés a largo plazo es el reflejo inequívoco de que el mercado está reajustando sus expectativas de inflación estructural. Los inversores exigen ahora una mayor prima por plazo ante el temor de que el binomio "aranceles continuos y tensiones petroleras" enquiste los precios durante el resto de la década.

Para la Reserva Federal, este comportamiento de los bonos se traduce en un arma de doble filo. Por un lado, la subida de los tipos a 10 y 30 años encarece automáticamente las hipotecas y el crédito corporativo, provocando un endurecimiento de las condiciones financieras reales; en la práctica, el mercado le está haciendo el "trabajo sucio" de restricción monetaria a la Fed. Por otro lado, valida los peores temores que la regla de Taylor lleva meses anticipando: que la inflación sigue viva en el horizonte. En definitiva, el repunte de las curvas de deuda soberana es la señal definitiva que justifica la extrema cautela del banco central. Con el mercado largo tensionándose solo, la Fed no necesita mover ficha: le basta con sentarse a esperar, vigilar los datos y confirmar si este repunte de los bonos es el freno definitivo que la economía necesita o el preludio de un ciclo de tipos altos mucho más largo de lo que nadie se atrevía a pronosticar.

Pero el verdadero efecto multiplicador de este movimiento se entiende al observar los tipos swap de interés a 5 y 10 años (USD 5 Years Interest Rate Swap y USD 10 Years Interest Rate Swap), que han repuntado en perfecta sintonía con la deuda pública (ver gráficos, datos desde ferbero de 2026 hasta la actualidad). [5] Si analizamos la trayectoria de ambas curvas, se observa un cambio de tendencia drástico y un repunte vertical a partir de los meses de febrero y marzo. Este movimiento no es casualidad: refleja el momento exacto en el que los mercados interbancarios comenzaron a descontar las graves tensiones geopolíticas en Oriente Medio, el recrudecimiento del conflicto y, muy especialmente, la amenaza de estrangulamiento logístico en el estrecho de Ormuz. Al ser una de las arterias energéticas más cruciales del planeta, el temor a un bloqueo prolongado disparó las expectativas de inflación por el lado de las materias primas, y los tipos swap reaccionaron de inmediato exigiendo mayores primas por plazo.

Mientras que los bonos del Tesoro marcan la "tasa libre de riesgo" del Estado, la curva de tipos swap de 5 y 10 años es la referencia real que utiliza la banca comercial e institucional para cubrir sus carteras y fijar el precio del dinero en el largo plazo. Su encarecimiento simultáneo en estos dos tramos clave, espoleado por la prima de riesgo geopolítico, genera un efecto de transmisión directa e inmediato: eleva drásticamente el coste de emisión de deuda para las corporaciones que buscan financiarse a medio y largo plazo, y dispara en paralelo los intereses de las nuevas hipotecas a tipo fijo.

Para la Reserva Federal, este comportamiento conjunto de bonos y swaps se traduce en una situación idónea para sus intereses. Al subir estos tipos en el mercado abierto por la pura fuerza de los acontecimientos internacionales, las condiciones financieras de la calle se endurecen de forma orgánica, enfriando el consumo y la inversión sin necesidad de que el Comité vote nuevas subidas en sus tipos oficiales. En la práctica, el mercado le está haciendo el "trabajo sucio" de restricción monetaria a la Fed. Esto valida por qué el banco central cuenta hoy con tanto margen para prolongar su pausa y aplicar una estrategia de "esperar y ver": con un mercado financiero que ya se está auto-regulando al alza ante los riesgos arancelarios y petroleros, la Fed puede permitirse el lujo de no mover ficha, dejando que la propia inercia de las curvas de tipos consolide el freno que la inflación necesita.

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[1] Powell, J. (2020), “New Economic Challenges and the Fed’s Monetary Policy Review”, remarks at Navigating the Decade Ahead: Implications for Monetary Policy, a symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 27.

[2]  Véase la discusión en Taylor, J.B. y Williams, J.C. (2011), "Simple and Robust Rules for Monetary Policy", en Benjamin M. Friedman y Michael Woodford, eds., Handbook of Monetary Economics , vol. 3B, (San Diego: Holanda Septentrional), 829-860.

[3] Taylor, J. B. (1999), “A Historical Analysis of Monetary Policy Rules”, in Monetary PolicyRules, University of Chicago Press, 319-348. Yellen, Janet (2012), “Perspectives on Monetary Policy”, speech at the Boston Economic Club Dinner, June 6.

[4] Taylor, J.B. (1993), "Discretion versus policy rules in Practice", Carnegie-Rochester Series on Public Policy 39, 195-214. Véase también el articulo del ex-presidente de la Fed de St. Louis, William Poole: William Poole, W. (1999), "Monetary policy rules?", Review, Federal Reserve Bank of St. Louis, issue Mars, 3-12.

[5] Los instrumentos referenciados corresponden a los contratos de permuta financiera de tipos de interés en dólares estadounidenses (USD Interest Rate Swaps). El Bono USD 5 Years Interest Rate Swap y el Bono USD 10 Years Interest Rate Swap (cuyas referencias estándar de mercado en terminales financieras son los índices USDSB3L5Y y USDSB3L10Y, respectivamente) determinan el tipo de interés fijo que las instituciones financieras acuerdan intercambiar por un tipo flotante —generalmente ligado a tasas de referencia interbancarias a 3 meses— para plazos de vencimiento a 5 y 10 años. En la práctica, actúan como el indicador real y el termómetro del coste del dinero a medio y largo plazo para el sector corporativo, el mercado hipotecario y el sistema bancario global.

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Como citar esta entrada del Blog:

Vicente Esteve, "El mercado le hace el "trabajo sucio'" a la Fed: Regla de Taylor, tipos de la deuda pública, swaps y freno a los tipos de los fondos federales en 2026", Universidad de Valencia", Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 22/5/2026,

https://vicenteesteve.blogspot.com/2026/05/el-mercado-le-hace-el-trabajo-sucio-la.html