Cártel del gobierno de EE.UU. durante el control de precios en la II Guerra Mundial
La inflación se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación para las economías avanzadas. La elevada inflación obedece a factores relacionados con choques negativos de oferta provenientes del exterior, en gran parte asociados a la pandemia, como los cuellos de botella en la distribución de mercancías, en la ruptura de las cadenas de valor mundiales, las guerras comerciales previas entre EE.UU. y China, las consecuencias de la guerra de Ucrania sobre los precios energéticos, y sin olvidar que una acelerada transición energética tiene sus costes a medio plazo (por ejemplo,
los derechos de emisión de CO2).
A todo lo anterior se unió la respuesta que algunas economías avanzadas implementaron, en particular en la zona euro, donde la Comisión Europea y los gobiernos nacionales lanzaron programas de estímulos que a la postre podrían haber sido excesivos. Se provocó un choque positivo demanda alimentado también por el trasvase del ahorro embalsado durante la pandemia a un aumento excesivo del consumo de los hogares.
La guinda del pastel inflacionario quizá la puso el BCE con su nueva política de expansión monetaria como respuesta a la pandemia y la reciente resistencia a la subida de tipos de interés y a la retirada de esos estímulos monetarios.
Los gobiernos tienen tres estrategias principales para luchar contra la inflación: la política monetaria, la política fiscal y el control de los precios. El endurecimiento de la política monetaria, principalmente mediante el aumento de los tipos de interés, requiere de importantes retardos para que tenga efectos. La política fiscal restrictiva, requiere ajustes presupuestarios a los que los gobiernos se suelen resistir, aunque los efectos pueden verse en el corto plazo. La disciplina fiscal requiere un escenario inverosímil en el que los políticos accedan de repente a apretarse el cinturón. Por ello, no es de extrañar que los controles de precios —límites impuestos por el gobierno a los productores y proveedores sobre el precio de los bienes y servicios— vuelvan a estar de moda.
Pero tales controles de precios tienen costes significativos que aumentan con su duración y amplitud. Los precios asignan recursos escasos. Los controles de precios distorsionan esas señales, lo que conduce a una asignación ineficiente de bienes y servicios. Además, en el medio y largo plazo, estos controles tienen efectos negativos en la oferta, generan inseguridad jurídica en las empresas y pueden ser un catalizador para reducir la inversión en dichos sectores, lo que a la larga generará más problemas.
En un
reciente artículo en el periodico Wall Street Journal se plantea de si ahora es el momento de que el gobierno de EE.UU. imponga controles de precios en bienes como alimentos y combustibles. Pero el articulista nos recuerda que la historia muestra que los intentos anteriores de controlar la inflación desenfrenada con tales medidas sólo han funcionado, cuando hay una voluntad nacional de que tengan éxito. De hecho, se señala en el artículo que fueron efectivos en EE.UU. como medidas temporales durante crisis extremas, como la I y II Guerra Mundial (
ver campaña gubernamental durante la II Guerra Mundial). Pero los controles rara vez han funcionado en tiempos de paz, probablemente porque se necesita una emergencia nacional como la guerra para reunir suficiente apoyo público, voluntad política y conocimientos administrativos para hacer cumplir los límites de precios.
El último episodio histórico reciente de controles de precios que fracaso estrepitosamente fue el introducido por Richard Nixon el 15 de agosto de 1971, aprovechando el abandono del patrón oro por parte de EE.UU. y la liquidación del Sistema Monetario Internacional de Bretton Woods instaurado después de la II Guerra Mundial. El presidente anunció en forma dramática una congelación de salarios y precios por 90 días, a la que seguirían controles más elaborados y un recargo del 10 por ciento sobre los bienes y servicios importados (esa fue la Primera Etapa de los controles de precios). Y eso que la inflación crecía a un ritmo "inaceptable" de 4,7% en tasa interanual (¡ya les gustaría a Biden y a Powell ahora!).
La Segunda Etapa se centró en un conjunto de regulaciones de precios administrada por una Comisión especial encargada también de autorizar ajustes de salarios a los sindicatos. La Comisión estableció criterios para definir el tamaño de empresas grandes para someterlas bajo control directo y dejó fuera del control de precios a las PYMES. Ello alimento la idead e que las empresas grandes son las culpables de la inflación, lo que generó un enorme apoyo político a los controles de precios por parte de la población norteamericana.
A inicios de 1972 la inflación había bajado al 3,3% en tasa interanual y la administración norteamericana presumía del éxito de los controles. No obstante, la inflación se redujo no tanto por el efecto de los controles, sino porque la economía registraba una capacidad productiva ociosa enorme, al venir de la un corta recesión de inicios de los setenta. A finales de 1972, la Reserva Federal de EE.UU. presidida por Arthur Burns, malinterpretó la caída artificial en la inflación y el boom en la actividad económica, e inició una política monetaria muy expansiva y sembró la semilla de la etapa de alta inflación de 1974-75.
En enero de 1973 se introdujo la Tercera Etapa de los controles con precios máximos a ciertos sectores, como la construcción y salud, que también fracaso, porque la expansión monetaria estaba generando un crecimiento de los precios Finalmente, en agosto de 1973 se aprobó la Cuarta Etapa con características similares a la Segunda Etapa. En 1974, ante el evidente fracaso, se abandonó esta política de precios en medio del choque internacional del petróleo, la renuncia de Nixon a su Presidencia y el creciente desprestigio del Burns, Presidente de la Reserva Federal de EE.UU., que a pesar de todos los errores terminó sin más pena que que gloria su periodo hasta 1978. Este periodo de control de precios, salarios y beneficios de las empresas dejo como lección histórica de que los controles no funcionan, empeorando lo que en un principio quisieron compensar.
Desde el punto de vista teórico mostramos en el gráfico siguiente los efectos perversos de los controles de precios y de la fijación de precios máximos, tal y como se estudia en el primer curso de las Facultades de Economía y Empresa.
Los precios altos tienen dos funciones económicas: a) permiten la asignación eficiente de bienes y servicios escasos a los compradores que están más dispuestos y son más capaces de pagar por ellos; b) señalan que se valora un bien o servicios y que los productores pueden beneficiarse aumentando la cantidad ofrecida. En definitiva, los precios de mercado asignan recursos escasos tanto en el lado del consumo como en el de la producción, mientras que los controles de precios distorsionan esas señales.
Se trata de un gráfico estándar de oferta y demanda para un mercado competitivo en el que el par precio-cantidad de equilibrio estaría definido por el punto E en el que se cruzan las curvas de oferta y demanda en {P*Q, Q*}.
Sin embargo, en presencia del precio máximo, los consumidores quieren unidades Qd , mientras que los proveedores están dispuestos a ofrecer solo unidades Qs. En este caso, Qd es mucho mayor que Qs y la diferencia es una escasez del producto {Qd-Qs} al precio máximo (racionamiento y colas).
¿Qué costes tiene la política económica de la introducción de precios máximos?
Los controles de precios tienen costes que son más severos cuando más alto es el control y cuál es la amplitud del cambio del precio de libre mercado. En primer lugar, los bienes y servicios se asignan de manera ineficiente, tanto en el consumo como en la producción. En segundo lugar, aumenta el gasto público ya que aumenta la burocracia para hacer cumplir los controles. En tercer lugar, los productores y consumidores intentan evadir los controles mediante el fraude y la proliferación del mercado negro. En cuarto lugar, los productores en ocasiones sustituyen el bien por uno de menor calidad. Por último, la inflación se reduce transitoriamente y vuelve a surgir con fuerza suprimida cuando se relajan los controles de precios.
Si descartamos los controles de precios existen otras formas con las cuáles se puede compensar los efectos negativos de la elevadas tasas de inflación: a) ofrecer a la población de menores ingresos apoyos económicos que les ayuden a mitigar el impacto de los elevados precios de los alimentos, el gas y la electricidad; b) subvencionar de manera directa el precio del diesel a los individuos que utilizan el combustible para su actividad (taxistas, grupos de autónomos, transportistas, agricultores y pescadores, entre otros), financiándolo con un impuesto especial y transitorio a los beneficios de las refinerías y gasistas; c) subvencionar (incentivar) directamente el transporte público con descuentos mayores en los abonos; d) poner a trabajar en serio a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para reducir las prácticas oligopolistas en los sectores energéticos y en las cadenas nacionales de suministro y de distribución de bienes básicos.
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Como citar esta entrada del Blog:
Vicente Esteve, "¿Por qué la propuesta de control de precios para contrarrestar los repuntes recientes de la inflación no tiene sentido?", Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 17/6/2022,
http://vicenteesteve.blogspot.com/2022/06/por-que-la-propuesta-de-control-de.html
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