El modelo de Gobernanza de la Universidad es una variable clave en la productividad investigadora de la institución

La Estrategia Universidad 2015 es una iniciativa del Gobierno de España encaminada a la modernización de las universidades españolas, mediante la promoción de la excelencia docente y científica, la internacionalización del sistema universitario y su implicación en el cambio económico basado en el conocimiento y en la mejora de la innovación. La iniciativa busca situar a nuestras mejores universidades entre las 100 primeras de Europa y a nuestros campus universitarios globalmente más competitivos entre los de más prestigio internacional.

Esta estrategia tiene como punto de partida la adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y tiene, a su vez, un horizonte más amplio y ambicioso con la mirada puesta en el año 2015. Su objetivo es lograr un sistema universitario mejor financiado, incrementar la competencia de nuestras universidades en el entorno global, mejorar la proyección internacional y la movilidad de estudiantes, profesores y profesionales de la gestión y reforzar el carácter de servicio público de nuestra educación superior universitaria. Además, busca incrementar el valor social y económico del conocimiento que se genera en la Universidad y lograr un mayor compromiso de ésta con los retos sociales, culturales y medioambientales de nuestra sociedad.

Para afrontar todos estos retos es esencial una modernización de las universidades españolas, dotarlas de una elevada "flexibilidad", para poder dar respuesta a las exigencias que la sociedad del conocimiento y el contexto internacionalizado actual les plantea. Y una de las facetas de este cambio y modernización tiene que ver con el modelo de Gobernanza, es decir, la forma elegida de "gobernabilidad" de las universidades.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se ha puesto de acuerdo con el Ministerio de Educación para buscar, dentro de la Estrategia Universidad 2015, un nuevo modelo de Gobernanza que entregue mayor poder a los mandatarios a cambio de depositar sobre sus hombros más responsabilidad. Para tal fin, han encargado a la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD), que cuenta con la participación de destacados miembros del mundo de la sociedad y de la empresa española bajo la presidencia de Ana Patricia Botín, la elaboración de una propuesta de modelo de Gobernanza de las universidades españolas. El documento de trabajo en el que se recoge la propuesta inicial  fue presentado en Madrid el pasado 3 de febrero en un acto al que asistieron el secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta, y los comités ejecutivos de la CRUE y la Conferencia de Consejos Sociales, así como representantes de la FCYD y de los grupos parlamentarios Socialista y Popular del Congreso y Senado.

En relación al objetivo de esta entrada del Blog, los dos ejes fundamentales de la propuesta de modelo de Gobernanza son probablemente dos.

Por un lado, respecto a la política de recursos humanos, se propone un aumento de la autonomía de las universidades respecto al reclutamiento de su profesorado, la posibilidad de establecer contratos más libremente (incluso colaborando con empresas/autoridades para la financiación de puestos de trabajo), el establecimiento de esquemas más flexibles de retribución, con la posibilidad de incrementar el salario para atraer a profesores de renombre internacional, mayor libertad para distribuir autónomamente el tiempo de trabajo entre docencia, investigación o gestión, e incluso permitir la especialización y creciente profesionalización en una sola de estas parcelas; o el incentivo y facilitación de la movilidad del personal docente entre universidad y sistema productivo, y entre universidades del mismo o de distinto país.

Por otro lado, se propone también mayor autonomía y libertad de las universidades en el ámbito de la oferta de enseñanzas o el acceso y elección de los estudiantes, así como al precio de las matrículas y tasas aplicadas a los usuarios de las universidades públicas, dentro de un marco legal establecido y conforme a los acuerdos a los que puedan llegar las universidades y las autoridades públicas competentes.

Recientemente se ha publicado un Documento de Trabajo en el National Bureau Economic Research que trata justamente de medir la relación entre el grado de aplicación de estos dos ejes fundamentales del sistema de Gobernanza de las universidades a nivel internacional y la mayor productividad científica de la institución académica ("The Governance and Performance of Research Universities: Evidence from Europe and the U.S.", NBER Working Paper No. 14851, 2009, por Philippe Aghion, Mathias Dewatripont, Caroline M. Hoxby, Andreu Mas-Colell y  André Sapir).

Estos autores construyen un índice de la productividad de la investigación de las universidades americanas y europeas en base en el  conocido ranking de universidades del mundo elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shangai (China), que incluye la generación de patentes, el número de alumnos que han ganado los Premios Nobel en ciencia, el número de artículos científicos que aparecen en las principales bases de citas, o el número de investigadores "altamente" citados. A la primera institución universitaria del ranking los autores le han asignado el valor de 500 puntos y el valor del resto de universidades va bajando a medida que su rendimiento científico va reduciendose en comparación con la universidad lider. Centrémonos en los resultados de las universidades europeas.

En primer lugar, los autores encuentran que la puntuación media en el ranking de una universidad europea que necesita que el Gobierno (nacional o regional) apruebe su presupuesto está alrededor de 200 puntos, mientras que la puntuación media de una universidad europea con "autonomía presupuestaria" sube hasta los 316 puntos. Además, por cada 1% adicional del presupuesto de la universidad que provenga de fondos del gobierno la universidad ve reducida su puntuación en el ranking en nada menos que 3,2 puntos.

En segundo lugar, las universidades europeas que no discriminan (positivamente) los salarios de sus profesores (del mismo rango o categoría profesional) tienen una posición media en el ranking de Shangai de 213 puntos. Por el contrario, las universidades europeas que tienen autonomía para pagar distintos salarios a sus profesores tienen una posición media superior de 322 puntos.

En tercer lugar, las universidades europeas que pueden seleccionar libremente a sus estudiantes de grado tienen una posición de media más elevada en el ranking de 156 puntos, en comparación con aquellas universidades que deben seguir las reglas impuestas por los Gobiernos.

En cuarto lugar, los autores encuentran que por cada 1% adicional del presupuesto de una universidad europea que provenga de fondos obtenidos de proyectos de investigación competitivos, supone un aumento de 6,5 puntos en su posición en el ranking.

Por último, en este estudio se concluye que las universidades de Suecia y algunas de las universidades del Reino Unido con una elevada autonomía del Gobierno se sitúan en el ranking en una elevada posición, mientras que las universidades de España y el resto de universidades del Reino Unido con escasa autonomía se sitúan con menos puntos en el ranking de universidades por su productividad investigadora.

En definitiva, las propuestas de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD) en relación al nuevo modelo de Gobernanza de las universidades españolas no van demasiado desencaminadas. Más bien al contrario. Sólo cabe esperar que el Ministerio de Educación no deje el documento propuesto en algún cajón.